Perspectivas de la normativa de sostenibilidad 2024

2024 va a ser un año de cambios para las empresas debido al despliegue de nuevas normativas sobre sostenibilidad. El informe Sustainability regulation outlook 2024, elaborado por el EMEA Sustainability Regulation Hub, resalta cuatro focos en los que incidirán los requisitos legislativos: la circularidad, la sostenibilidad de la cadena de suministro, la descarbonización y el riesgo del greenwashing.

Informes de sostenibilidad y nuevas directivas

La UE ha dado respuesta la necesidad de homogeneización y rigor en los criterios de información no financiera con la mejora de los informes de sostenibilidad y la Directiva de la UE sobre Informes de Sostenibilidad de las Empresas (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD). Esta norma, materializada en los nuevos Estándares Europeos de Información sobre Sostenibilidad (European Standard Reporting Standards, ESRS), podría afectar a unas 50.000 empresas.

Los requisitos legales se multiplican para las empresas en 2024. Este año, el Consejo Internacional de Normas de Sostenibilidad (ISSB, por sus siglas en inglés) podría aplicar dos normas publicadas en 2023 y, además, en colaboración con el Grupo Asesor Europeo de Información Financiera (EFRAG) armonizará las regulaciones del ISSB y los ESRS.

Por otro lado, Deloitte espera que el marco finalizado del Grupo de Trabajo sobre Declaraciones Financieras Relacionadas con la Naturaleza se incorpore al Consejo Internacional de Normas de Sostenibilidad. De esta forma, las empresas podrían ampliar su radio de acción e informar sobre temas emergentes como la biodiversidad o la circularidad.

Asimismo, la EU Taxonomy va a extender su cobertura sectorial y la lista de actividades sostenibles, por lo que afectará a más compañías. Además, la Plataforma Internacional de Finanzas Sostenibles promoverá mejores prácticas y comparará taxonomías para identificar oportunidades de inversión.

Los informes de sostenibilidad pueden ser una herramienta que impulse cambios de estrategia, gobernanza, operaciones y datos. Para ello, Deloitte recomienda a las empresas adoptar un enfoque estratégico, evaluar la estructura de gobierno de la compañía en función de la estrategia de información y gestionar los riesgos de informes erróneos con procesos de debida diligencia.

La importancia de la circularidad

Se espera que las regulaciones claves derivadas del Plan de Acción de Economía Circular entren en vigor antes de que finalice el mandato actual del Parlamento Europeo en junio de 2024. Estas incluyen el Reglamento de Diseño Ecológico de Productos Sostenibles (Ecodesign for Sustainable Products Regulation, ESPR), la Legislación sobre el Derecho a Reparar (Right to Repair Legislation) y el Reglamento de Envases y Residuos de Envases (Packaging and Packaging Waste Regulation, PPWR). En cuanto a la gestión de residuos al final de su vida útil, se espera que el Reglamento sobre Traslados de Residuos (EU Waste Shipments Regulation) y las modificaciones de la Directiva Marco de Residuos (EU Waste Framework Directive) entren en vigor antes de fin de este año.

Para poder orientarse entre todos estos requisitos legales, el informe recomienda a las empresas adoptar una visión integradora que les permita identificar los retos relativos al diseño de sus productos para hacerlos más circulares; evaluar el impacto diferencial de la transformación circular en sus modelos de negocio; revisar las bases de datos y políticas de gobernanza – especialmente con la implementación del DPP (Digital Product Passport); mejorar la captura y reporting de los indicadores de circularidad y preparar la hoja de ruta de una estrategia de transformación circular.

Cadenas de suministro sostenibles y resistentes

Las empresas deberán recopilar, este año, los datos de sus operaciones, incluidas de las cadenas de suministro, para cumplir con la CSRD. Por ello, el European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) publicó en diciembre de 2023 una guía sobre cómo gestionar la información de la cadena de valor y trabajará en los requisitos de información voluntaria para las pymes que no cotizan en bolsa y de información obligatoria para las que sí cotizan, los bancos pequeños y las aseguradoras cautivas.

Por otro lado, la próxima Ley de Materias Primas Críticas  (Critical Raw Materials Act (CRMA)) reforzará la resistencia de las cadenas de suministro y el Reglamento de la UE Sobre Productos Libres de Deforestación prohibirá la venta, importación o exportación de productos que no estén libres de deforestación o que no hayan sido producidos acorde a la legislación de su país.

Ante estas nuevas normativas y el riesgo de acciones civiles por incumplimiento, Deloitte recomienda que las empresas hagan balance de su cadena de suministro y sustituyan a los proveedores que no cumplan con los requisitos. Asimismo, deberían crear vínculos entre sus departamentos de finanzas, gestión de riesgos internos y adquisiciones para garantizar el flujo de información en la empresa y las cadenas de suministro.

El panorama de la descarbonización

Las compañías deben priorizar la identificación y reducción de las emisiones de alcance 1, 2 y 3, los objetivos de reducción de las mismas, los análisis de escenarios y la estrategia, especialmente para el corto plazo.

En el caso de las emisiones industriales, la UE ha desarrollado estándares de eficiencia energética para edificios y para la carga pública que cubre el Reglamento de Infraestructura de Combustibles Alternativos (Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR)). En cuanto al sector inmobiliario, los propietarios deberán garantizar que los edificios nuevos o existentes cumplan con los estándares energéticos requeridos. Además, la nueva Directiva de Energías Renovables, Renewable Energy Directive (RED III) o AFIR, requerirá la instalación de capacidades de energía solar, precableado y puntos de carga para vehículos eléctricos.

Un impulso hacia la electrificación

RED III quiere aumentar el consumo de energía renovable en un 42,5 % para 2030 y acelerar los permisos de producción de este tipo de energía con nuevas plantas y conexiones. Esta directiva interactuará con la reforma del diseño del mercado eléctrico de la UE. A partir de 2025 y hasta 2030, los estados miembros deben informar a la CE sobre cómo van a implementar el reglamento y comunicar sus avances antes de que acabe 2024.

Desafíos de política pública

La política pública se enfrenta a importantes retos en este proceso. Entre ellos, las brechas de financiación ya que la CE estima que será necesario gastar 1,25 billones de euros hasta 2030 en seguridad energética y climática, un 65 % más con respecto a la última década, que se espera que provenga del sector privado. Otros desafíos son la contabilidad de emisiones y mirar más allá de la mitigación de la cadena de valor.

En este caso, Deloitte recomienda trazar un plan para lograr reducciones significativas de las emisiones de carbono en la cadena de valor, reducir la huella de carbono en materias primas, combustibles fósiles y edificios y centrarse en electrificación, energías renovables e infraestructura verde.

Cómo evitar los riesgos del greenwashing

En 2024, la UE finalizará la directiva destinada a empoderar a los consumidores para la transición ecológica, que define aquellas comunicaciones B2C que deben prohibirse o considerarse engañosas. Cuando entre en vigor, los estados miembros de la UE tendrán 24 meses para transponer los requisitos a la legislación nacional y asegurarse de que cualquier mensaje o declaración medioambiental esté fundamentado de forma clara y precisa. Además, la Directiva Green Claims de la UE establece nuevos criterios que las empresas deben cumplir en los mensajes que dirigen a sus clientes.

Las empresas también deben considerar los riesgos de greenwashing a la hora de elaborar los informes de sostenibilidad corporativa ya que, ante la necesidad de reunir más información sobre sostenibilidad, están más expuestas a los datos de mala calidad o engañosos.

Según la evaluación de impacto de la Comisión Europea que acompaña a la Directiva para el empoderamiento de los consumidores, las empresas podrían llegar a gastar hasta 3.100 millones de euros para eliminar afirmaciones infundadas de sus envases y mensajes y adaptar sus sistemas y procesos. Para asumir este reto, Deloitte recomienda que las empresas revisen sus datos de sostenibilidad y mensajes e incorporen el riesgo de greenwashing en los marcos de gobernanza.