Análisis

Proyecto de Ley propone cambios importantes en materia de tributación de derivados

Tax Alert Nº18

A inicios de este año, la ex Presidenta de la República Michelle Bachelet, propuso el Proyecto de Ley que contempla modificaciones a diversos cuerpos legales con el objeto de modernizar la gestión pública e incentivar la productividad de la actividad económica.

De acuerdo a lo señalado en el Mensaje, las medidas propuestas se estructuran en torno a tres aristas principales:

  • Modernización del Estado;
  • Mejoras regulatorias para el fomento de la inversión y las exportaciones;
  • Fortalecimiento del mercado financiero;

El Proyecto de Ley contempla 30 artículos permanentes y 10 disposiciones transitorias, dentro de las cuales se proponen una serie modificaciones de índole tributario, destacando aquella que está relacionada con las controvertidas normas de fiscalización que regulan el tratamiento tributario de los instrumentos derivados.

Actualmente, la norma establece que los contribuyentes que celebren contratos de derivados deberán presentar, en la forma y plazo que el SII establezca mediante resolución, una o más declaraciones juradas, con la información y antecedentes que requiera acerca de tales derivados.  Conforme a las Resoluciones Exentas Nos114 de 2012 y 96 de 2017, la información respecto a los instrumentos derivados debe ser proporcionada a través de la Declaración Jurada Mensual N°1820, Declaración Jurada Anual N°1829, y la Declaración Jurada Mensual N°1839, esta última presentada por contribuyentes que actúen como intermediarios en la celebración de estos contratos.

El mismo artículo dispone que en caso de presentación extemporánea, o bien cuando las declaraciones contengan información o antecedentes erróneos, incompletos o falsos, los contribuyentes se verán imposibilitados de deducir las pérdidas o gastos provenientes de los derivados no declarados o declarados en forma errónea, incompleta o falsa.

De esta forma, el texto vigente de la ley no distingue, al momento de aplicar la sanción, entre aquellos casos en que se trata de simples errores de aquellos en que el contribuyente ha actuado dolosamente, por ejemplo, cuando se presenten antecedentes falsos, situación que ha sido considerada como desproporcionada por los contribuyentes.

En esta materia, el SII ha señalado que la restricción para deducir las pérdidas y gastos provenientes de los instrumentos derivados no solo afecta al período no informado, o al período en que la información proporcionada es errónea, incompleta o falsa, sino que también a los resultados de los ejercicios siguientes cuando provengan de contrato que se extienden más allá de un año y su celebración no fue informada oportunamente.

Mediante el Proyecto de Ley, se propone que las declaraciones que no hayan sido presentadas oportunamente o que contengan información errónea o incompleta, puedan ser subsanadas mediante declaraciones rectificatorias, en la forma, plazo y de acuerdo a los antecedentes que establezca el SII por resolución exenta, manteniendo la sanción antes descrita solo para los casos de declaraciones que contengan antecedentes falsos.

Finalmente, el texto propuesto señala que, cuando se trate de operaciones de derivados que no sean efectuadas a través de intermediarios autorizados, sólo podrán deducirse las pérdidas y gastos asociados a dichos derivados, si las operaciones cuentan con fecha cierta por alguno de los mecanismos que establece la ley (aquella fecha que conste en el documento que, según el Código de Procedimiento Civil, tenga valor probatorio).

Sin perjuicio de esta importante moción, el Proyecto de Ley no se pronuncia respecto de si la presentación de las declaraciones rectificatorias a que se hace mención podrían tener efecto retroactivo, permitiendo subsanar operaciones de derivados realizadas con anterioridad a la entrada en vigencia del Proyecto de Ley en comento.  Asimismo, queda pendiente una disposición que permita aplicar adecuadamente la sanción contemplada en el artículo 13, pues como en la generalidad de los casos, los resultados tributarios de los contratos de derivados son reconocidos en base a la variación del valor razonable de tales instrumentos, pueden existir ejercicios en que se reconozcan pérdidas que finalmente pueden resultar reversadas total o parcialmente con utilidades futuras, o bien, esas pérdidas solo disminuir las utilidades reconocidas en ejercicios anteriores.

Es importante señalar que la información antes expuesta forma parte del Proyecto de Ley inicial, cuyo contenido puede verse total o parcialmente modificado durante la correspondiente tramitación y discusión legislativa.

Otras de las modificaciones de carácter tributario que contempla el proyecto, son las siguientes:

a)  

  Se propone modificar los artículos 63 y 74 de la LIR, incorporando una presunción simplemente legal, mediante la cual se establezca que el certificado de residencia fiscal emitido por la autoridad tributaria competente del país que corresponda, acreditará la residencia fiscal del contribuyente durante todo el año comercial en que se emita. Lo anterior, con el objeto que no sea aplicable la obligación de restitución del crédito por el Impuesto de Primera Categoría, cuando contribuyentes con domicilio o residencia en el exterior retiren utilidades o reciban remesas de dividendos desde empresas que se encuentren sujetas al régimen de tributación establecido en la letra B) del artículo 14 de la LIR, “Régimen Parcialmente Integrado”, tanto para efectos de la situación final del Impuesto Adicional, como para fines de la aplicación de la retención respectiva.

  Esta norma tiene por objeto simplificar y otorgar mayor certeza, al incorporar una presunción legal mediante la cual se permite acreditar la residencia fiscal del contribuyente durante la totalidad del año comercial en el que se emita el certificado, evitando su solicitud y consecuente emisión, cada vez que se paguen, distribuyan o remesen utilidades o dividendos al exterior.

 

b)

  Ampliar el espectro de enajenaciones de instrumentos de deuda establecidos en el artículo 104 de la LIR que podrán acogerse al tratamiento de ingreso no renta respecto del mayor valor obtenido.

  En la actualidad, el mayor valor obtenido en la enajenación de ciertos instrumentos de deuda de oferta pública es considerado ingreso no constitutivo de renta en la medida que se cumpla, entre otros requisitos, el que entre la fecha de adquisición y enajenación de los instrumentos haya transcurrido a lo menos un año, o bien, el plazo inferior que se fije mediante decreto expedido bajo la fórmula "Por Orden del Presidente de la República" por el Ministerio de Hacienda; plazo que fue fijado por dicho Ministerio en una (1) hora, con el objeto de beneficiar a las operaciones que se suceden en el día a día. Sin embargo, al exigir la ley el cumplimiento de un plazo, no se están beneficiando actualmente con el tratamiento tributario de ingreso no renta aquellas enajenaciones, cada vez más usuales en nuestro mercado cambiario, que ocurren de manera simultánea. 

  Se propone facultar al Ministerio de Hacienda para que en el mismo decreto pueda eximir del cumplimiento de un plazo.  Ello con la finalidad de beneficiar a las enajenaciones que ocurren de manera simultánea, es decir, cuando no se puede distinguir el transcurso de un espacio de tiempo entre la compra y su posterior enajenación.

c)

  Perfeccionar la exención establecida en el número 10, de la letra B, del artículo 12 de la ley de IVA, relativa a la importación de bienes de capital que se destinen a proyectos de inversión en Chile.

  Se busca establecer que la exención tenga un carácter real, estableciendo como requisito que los bienes que se importen se destinen a un proyecto de inversión, independiente de quien lleve a cabo la importación. Actualmente, la ley exige que quien haga la importación sea, a su vez, quien desarrolle el proyecto.

  El Proyecto de Ley propone eliminar el plazo de 12 meses que debe transcurrir entre la importación de él o los bienes y el inicio del proyecto, buscando eliminar la espera que debían efectuar ciertas empresas que estando en condiciones de comenzar a operar antes de cumplirse el plazo indicado, no lo hacían solo con el objeto de evitar tener que restituir el IVA eximido.

  Por último, se plantea eliminar la exigencia en cuanto a que los inversionistas extranjeros deban acompañar a la solicitud de exención, el certificado a que se refiere el artículo 4 de la Ley N°20.848, Ley Marco para la Inversión Extranjera Directa en Chile, toda vez que dicha ley exige para la entrega del certificado que el inversionista haya aportado efectivamente los bienes a una sociedad receptora en Chile, mientas que la ley del IVA exige que el certificado sea entregado antes de la importación de los bienes, existiendo un problema de temporalidad.

d)

  Perfeccionar el sistema de recuperación anticipado del IVA que se hubiese recargado al adquirir bienes o utilizar servicios destinados a la exportación

  Se propone que, en aquellos casos en que con posterioridad a la fecha de la resolución que se emita a estos efectos, se lleve a cabo un proceso de reorganización empresarial en virtud del cual no sea el titular del beneficio quien en definitiva realice las exportaciones comprometidas en el proyecto de inversión, se mantenga vigente el beneficio para la empresa que se cree o subsista.  Lo anterior será procedente en la medida que la nueva empresa manifieste ante el Ministerio de Hacienda su voluntad de continuar con el referido proyecto, lo que será ratificado por el citado Ministerio mediante resolución exenta.

  Actualmente, la empresa continuadora que subsiste se ve en la obligación de restituir el IVA devuelto, aun cuando se lleve a cabo el proyecto de inversión comprometido, lo que genera un desincentivo a la utilización de este mecanismo.

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