Perspectivas

Precios de Transferencia

nuevas reglas, nuevos desafíos

Los precios de transferencia son los precios que se pactan entre dos compañías de un mismo grupo por cualquier servicio prestado, bien transado u operación realizada entre ambas partes.

Entrevista realizada a Rocío Crespillo, Senior Manager de Precios de Transferencia y Alejandro Paredes, Socio a cargo de precios de transferencia en Deloitte Chile.

Desde septiembre del 2012 es el contribuyente el que debe demostrar que los precios son de mercado, mediante la declaración jurada 1907, que cada año debe entregarse al SII el último día hábil de Junio. Luego el SII revisa esta declaración y, si considera que no está correcta, puede aplicar multas.

¿Qué empresas están obligadas a entregar la declaración jurada 1907?

“Medianas y Grandes empresas que hayan realizado operaciones con partes relacionadas del exterior, que hayan tenido operaciones con paraísos fiscales o aquellas que, no clasificando bajo las premisas anteriores, hayan realizado operaciones con partes relacionadas en el extranjero por más de 500 millones de pesos” aclara Rocío Crespillo, Senior Manager de Precios de Transferencia en Deloitte.

¿Por qué se da esta cantidad de empresas que no están preparadas?

En opinión de Crespillo: “Para las empresas chilenas este es un tema nuevo y complejo, que requiere un análisis económico profundo. Generalmente las personas que están en los departamentos de contabilidad y finanzas de las empresas no tienen el tiempo y la experiencia necesaria para hacer este nivel de análisis, o no cuentan con las bases de datos apropiadas”.

Alejandro Paredes, Director de precios de transferencia en Deloitte, agrega: “Este análisis económico se sustenta en un método, y en Deloitte hemos desarrollado y perfeccionado metodologías basadas en precios y en rentabilidades probadas globalmente. Además nuestra firma trabaja en coordinación con nuestras oficinas en Latinoamérica y el mundo”

¿Cómo evalúan la normativa chilena respecto de otros países en Latinoamérica?

“Chile es uno de los últimos países que comenzó a normar el precio de transferencia, para ajustarse a los lineamientos de la OCDE, pero es una de las mejores regulaciones y cuenta con una autoridad fiscal con amplia experiencia nacional e internacional”, evalúa Paredes.


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