Análisis

Laboral   

13 de agosto, 2019

Circular Interna No. 49 del 1 de agosto de 2019 – Ministerio del Trabajo

El pasado 1 de agosto de 2019 el Ministerio del Trabajo expidió la Circular Interna No. 49, a través de la cual fijó los lineamientos institucionales que deben tener en cuenta los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social para otorgar o negar la autorización de terminación de los contratos de trabajo de trabajadores que se encuentren en condición de discapacidad o debilidad manifiesta por razones de salud.

A continuación, señalamos los puntos más importantes de esta Circular:

A.  El Ministerio del Trabajo no se encarga de calificar o declarar derechos, su actuación se limita a verificar, constatar y analizar si la solicitud de autorización de despido se encuentra soportada por el empleador.

B. En los casos que el Ministerio del Trabajo determine que efectivamente hubo una justa causa y que por lo tanto se autoriza el despido, no limita a que el Juez Laboral posteriormente declare que la justa causa no existía y por lo tanto pueda ordenar el reintegro del trabajador.

C. La Circular establece que aplicará la estabilidad laboral reforzada a cualquier trabajador que presente una situación de salud que le impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores, sin que se requiera que exista obligatoriamente una calificación de pérdida de capacidad laboral.

D. El Ministerio del Trabajo contempla los tres supuestos que pueden presentarse en relación con la terminación del vínculo laboral de un trabajador en situación de discapacidad o debilidad manifiesta y los criterios aplicables para que proceda la autorización en cada uno de ellos, así:

1. Cuando el empleador manifiesta que existe justa causa:

a. El Inspector deberá determinar si el empleador que alega la justa causa garantizó el debido proceso y el derecho de defensa y contradicción al trabajador.

b. Para lo anterior, el inspector deberá tomar en consideración, al menos, los siguientes aspectos:

i.  La posibilidad que tuvo el trabajador de controvertir las pruebas y los motivos por los cuales se solicita la terminación por justa causa. En ese sentido, la causal que se le comunicó al trabajador debe ser la misma que se alegó ante el Ministerio.

ii. La inmediatez y la razonabilidad del tiempo transcurrido desde el momento en que el empleador tuvo conocimiento de los hechos que dieron lugar a la justa causa y la solicitud de autorización del despido.

iii. El empleador en su solicitud deberá señalar específicamente la justa causa de despido, la cual debe corresponder a las determinadas en el Código Sustantivo del Trabajo.  

iv. Si el empleador agotó previamente el procedimiento establecido en la convención colectiva (si aplica), el reglamento interno de trabajo o el contrato de trabajo.

2.  Cuando el empleador manifiesta que se presenta una causal objetiva de terminación:

a. El empleador deberá acompañar a la solicitud de autorización de terminación, los documentos que permitan establecer la existencia de la causal objetiva (ej. expiración plazo).

b. Cuando se trate de las causales de expiración del plazo del contrato o de terminación de la obra o labor contratada, el empleador deberá acreditar que se realizó el proceso de rehabilitación, y que se informó a la EPS o a la ARL respectivamente. Mientras no se haya dado el alta médica dentro del proceso de rehabilitación y si existe incompatibilidad para continuar ejerciendo el cargo o cualquier otro dentro de la compañía, la solicitud de autorización de terminación se tramitará bajo los lineamientos del numeral 3.

c. Si el Inspector concluye que el motivo de la terminación no se relaciona directamente con la discapacidad o situación de debilidad manifiesta, expedirá la autorización correspondiente.

3. Cuando la discapacidad o situación de salud sea incompatible e insuperable con el cargo que desempeña el trabajador:

a. El empleador deberá acreditar que realizó de manera razonable y diligente los ajustes administrativos y organizacionales que ameritaba el proceso de rehabilitación y reincorporación.

b. Para verificar el cumplimiento de las obligaciones del empleador, el Inspector deberá analizar los siguientes aspectos:

i. La implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

ii. Se debe oficiar a la ARL para que informe sobre la participación del trabajador en los programas y tratamientos médicos necesarios para su rehabilitación.

iii. El acatamiento del empleador de las recomendaciones médicas realizadas al trabajador.

iv. Se debe oficiar a la ARL para que informe sobre el proceso de rehabilitación (si aplicaba), determinando las acciones adelantadas por la Compañía, para lo cual el Inspector considerará (i) la discriminación de cargos en la Compañía (con la presentación del organigrama), (ii) la existencia de estudios de puesto de trabajo, actividades de reinducción y reentrenamiento y (iii) la adaptación del puesto de trabajo y los cambios administrativos y organizacionales, así como las acciones para garantizar la reincorporación o reubicación.

v. Las razones de fondo debidamente motivadas expuestas por el empleador que permitan sustentar que, con posterioridad al proceso de rehabilitación y reincorporación, el desarrollo de las funciones designadas al trabajador resultaron incompatibles e insuperables.

E.  Finalmente, en relación con el trámite de la autorización, una vez presentada la solicitud por parte del empleador, el Inspector deberá informar al trabajador dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud, –mediante comunicación escrita y por correo electrónico, si se conoce–, el inicio del trámite.

Para resolver la solicitud, el Inspector tendrá quince (15) días hábiles en los casos de los numerales 1 y 2 y treinta (30) días para el numeral 3, término que iniciará una vez se haya aportado la documentación completa. Solo se realizará un requerimiento de información al empleador el cual, de no cumplirse, dará lugar a la declaratoria de desistimiento tácito.

Frente a la decisión, se podrán interponer los recursos de reposición y apelación en un término de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de notificación de la decisión.

Resolución 1263 de 2019 – Implementación de la notificación electrónica en la UGPP

A través de la Resolución 1263 de 2019, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales (UGPP) estableció a la notificación electrónica como medio preferente de notificación de actuaciones administrativas expedidas en ejercicio de su competencia a partir del 1 de septiembre de 2019.

Es importante recordar que el artículo 93 de la Ley 1943 de 2018, determinó que la notificación electrónica es la forma de poner en conocimiento los actos administrativos, incluyendo los procesos administrativos de cobro, la cual aplicará para la notificación de los actos administrativos proferidos por la UGPP.

De acuerdo por lo determinado por la Unidad, la notificación electrónica se realizará a la última dirección electrónica que aparece registrada por el aportante o su apoderado en el Registro Único Tributario (RUT) en el momento de la notificación, ya sea antes o después de la entrada en vigencia de la Ley 1943 de 2018.

Ahora bien, en los casos donde se deba notificar actos administrativos antes del 1 de septiembre de 2019, se realizará la notificación según lo previsto en los artículos 565, 568 y 826 del Estatuto Tributario, salvo que los aportantes o sus apoderados hayan suministrado una dirección procesal electrónica.

Igualmente, la Resolución establece que desde el 1º de septiembre de 2019, en los casos donde el aportante o el apoderado informen de una nueva dirección de notificación en el Registro Único Tributario, la antigua dirección continuará siendo válida durante los 3 meses siguientes a la actualización, siendo las 2 direcciones válidas para la notificación de los actos administrativo según lo establecido en el inciso primero del artículo 563 del Estatuto Tributario.

Por último, es importante tener en cuenta que en caso de que la dirección procesal no corresponda a una dirección electrónica, se podrá solicitar dentro del proceso, que las actuaciones administrativas se notifiquen de manera electrónica a la dirección indicada por el aportante expresamente o aquella que aparezca en el RUT.  

Resolución 1263 de 2019
¿Le pareció útil este contenido?