Análisis

Laboral   

5 de junio, 2019

Comunicado de prensa de la Corte Constitucional, Sentencia C-200 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, referente a la terminación del contrato de trabajo con justa causa por incapacidad del trabajador superior a 180 días

La Corte Constitucional en Sentencia C-200 del 15 de mayo de 2019 se pronunció frente al numeral 15, literal A del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual consagra como justa causa de terminación del contrato de trabajo la enfermedad del trabajador que lo incapacite por más de 180 días.

El artículo en mención establece como justa causa “La enfermedad contagiosa o crónica del trabajador, que no tenga carácter de profesional, así como cualquier otra enfermedad o lesión que lo incapacite para el trabajo, cuya curación no haya sido posible durante ciento ochenta (180) días. (…)”.

La Corte Constitucional lo declaró EXEQUIBLE en el entendido de que “carece de todo efecto jurídico el despido o la terminación del contrato de trabajo de una persona por razón de su situación de salud cuando no exista autorización previa del inspector de trabajo…”

A continuación, señalamos los puntos relevantes del comunicado de prensa de la Sentencia:

1. La Corte analizó si la justa causa objeto de estudio vulneraba la garantía de estabilidad laboral reforzada por situación de salud. A este respecto, la Corte considera que esta causal no opera de forma automática, pues además de que se deban agotar los 180 días de incapacidad, el empleador debe demostrar que el despido se ha efectuado por razones ajenas a la situación de salud del trabajador o que ha realizado todas las acciones posibles y razonables, para que el trabajador pueda permanecer en la empresa.

2. En criterio de la Corte, esta justa causa de terminación solo opera por la extinción de la capacidad laboral, entendida como la posibilidad de que el trabajador pueda prestar el servicio para el cual fue contratado; situación que debe ser verificable objetivamente mediante la valoración de cada situación.

3. En consecuencia, la Corte considera que, por ser el inspector de trabajo garante de la razonabilidad, el despido de un trabajador por razón de su situación de salud sin la autorización del inspector no produce efectos jurídicos, siendo eficaz únicamente cuando se cuente con la autorización respectiva.  Adicionalmente, que en caso de que el despido se realice sin la autorización respectiva, el trabajador tendrá derecho a una indemnización de 180 días de salario sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que haya lugar.

4. La Corte estableció los siguientes criterios que el inspector debe observar, entre otros, para determinar si otorga o no la autorización de despido:

a) El despido atiende solo a la situación de salud del trabajador y este es un criterio irrelevante para el trabajo.

b) El empleador ha agotado todas las posibilidades de traslados o ajustes razonables en el lapso de 180 días.

c) El empleador ha considerado los riesgos para el trabajador u otras personas.

d) Toda modificación en las condiciones de prestación del servicio implica capacitación adecuada.

e) Si objetivamente el trabajador no puede prestar el servicio, es posible terminar el contrato.

5. Adicionalmente, la Corte manifiesta que el inspector del trabajo no desplaza al juez, pues si bien la autorización de despido por parte del inspector constituye una presunción de la existencia de la justa causa, ésta puede ser desvirtuada ante el juez laboral.

Corte Constitucional – Comunicado de Prensa No. 14, Mayo 15 y 16 de 2019

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