Análisis

Legal Corporativo

Boletín semanal | 27 de mayo, 2020

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se plantea el interrogante acerca de la autorización o procedimiento que deben surtir las empresas que presten o hagan parte de la cadena de producción de la prestación de un servicio público, cuando lleven a cabo un proceso de fusión

En ocasión al deber de vigilancia, inspección y control propios de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, se plantea el interrogante acerca de la autorización, o procedimiento que las empresas que presten, o hagan parte de la cadena de producción de la prestación de un servicio público, deben surtir cuando lleven a cabo un proceso de fusión. Lo anterior, orientado específicamente a las compañías que tengan actividades relacionadas con gas natural.

Así, establecen que el artículo 1 de la Ley 142 de 1994, en el que se define el ámbito de aplicación del régimen de los servicios públicos domiciliarios, señala que esta Ley se aplica, entre otros, al servicio de distribución de gas combustible, a las actividades que realicen las personas prestadoras a que se refiere el artículo 15 ibídem, a las actividades complementaria definidas en el capítulo II, título preliminar y a los otros servicios previstos en normas especiales de la misma Ley. De esta forma, quien desarrolle la actividad complementaria de comercialización desde la producción de gas combustible, sea que este se distribuya a usuarios finales por una red de tubería o por cualquier otro medio, estará desarrollando una actividad complementaria al servicio público domiciliario de gas combustible y se regirá, en cuanto a esta actividad, por lo dispuesto en la Ley 142 de 1994 y por las normas que la desarrollen. De esta forma, tanto quienes desarrollen la actividad de distribución de gas combustible, como quienes hagan parte de la cadena que permita el suministro desde la producción – comercialización del gas, están sujetos a las funciones de inspección, vigilancia y control a cargo de esta Superintendencia.

Ahora bien, frente al requisito de autorización, la entidad aclara que a pesar que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ejerce funciones de supervisión integral frente a sus vigiladas, las mismas se rigen por el principio de competencia. Dado lo anterior y bajo el entendido que a esta Superintendencia no se le ha asignado la función de analizar, decidir o aprobar en forma previa las reformas estatutarias de fusión o escisión, resulta claro que no puede entrar a desarrollar tal competencia, máxime cuando su ejercicio comportaría la vulneración directa del parágrafo primero del artículo 79 de la Ley 142 de 1994. Lo anterior en desarrollo de la decisión adoptada por el Consejo de Estado de fecha 29 de octubre de 20197, a través el cual se resolvió un conflicto de competencias de una parte de esta Superintendencia y de otra la Supersociedades, en la cual se aclaró que esta última es la autoridad que tiene la competencia para autorizar las modificaciones estatutarias de fusión y escisión de las empresas de servicios públicos domiciliarios. Lo anterior, es consecuencia directa de la asignación expresa de estas funciones a dicha Superintendencia, toda vez que, la citada función no fue asignada correlativamente en cabeza de la Superservicios. Por lo tanto, en aplicación de la competencia residual establecida en el artículo 228 de la Ley 222 de 1995, es la Supersociedades quien tiene la competencia y la facultad para autorizar las reformas estatutarias de fusión y escisión de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios.

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - Concepto SSPD-OJ-2020-328 del 11 de mayo de 2020

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