Análisis

Laboral   

14 de octubre, 2020

El pasado 27 de julio de 2020 el Congreso de la República expidió la ley 2040 de 2020, la cual tiene por objeto impulsar el empleo de los adultos mayores que no gozan de pensión, para garantizar su envejecimiento activo, satisfactorio y saludable

A continuación, los elementos más relevantes de la ley:

1.       Deducción en la determinación del impuesto sobre la renta de los empleadores por contratación de adultos mayores.

a.        Beneficiarios: los empleadores que estén obligados a presentar declaración de renta y complementarios, que contraten a personas que no sean beneficiarias de la pensión de vejez, pensión familiar o pensión de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley (57 años mujeres y 62 años hombres).

b.       Beneficio: deducir del impuesto sobre la renta el 120% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados a estos trabajadores durante los años gravables en que dichos trabajadores estén al servicio del empleador beneficiario, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

·       Que se trate de personas que no sean beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia.

·       Que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley (57 años las mujeres y 62 años los hombres).

·       Que el número de empleados con las anteriores condiciones, corresponda por lo menos al 2.5% de la planta de personal, cuando se trate de empresas con un número menor a 100 empleados.

Se incrementará en 0.5% por cada 100 empleados adicionales, sin pasar del 5% en total del personal.

·       Que el adulto mayor haya sido vinculado por lo menos durante 1 año y con posterioridad a la vigencia de la presente ley.

·       En caso de despido con justa causa, el término del año podrá ser completado con el tiempo de trabajo de otro adulto mayor que entre a suplir el cargo.

c.        En caso de renuncia del trabajador motivada por incumplimiento del empleador, el empleador perderá los beneficios tributarios obtenidos por ese trabajador en particular, una vez se establezca el incumplimiento mediante sentencia judicial en firme.

2.       En los procesos de contratación públicos, en caso de empate en la puntuación entre dos proponentes, se preferirá a aquél que demuestre el mayor porcentaje de personas mayores vinculadas.

a.        Requisitos:

·       Que se trate de personas que no sean beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia.

·       Que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley (57 años las mujeres y 62 años los hombres).

·       Que el trabajador haya sido vinculado con una anterioridad igual o mayor a un (1) año.

·       Que se mantenga el mismo porcentaje de adultos mayores trabajadores al interior de la empresa durante la vigencia de ejecución del contrato. Si se incumple con este requisito, no se podrá hacer uso de este beneficio en cualquier otro contrato que se celebre con el Estado dentro de los 5 años siguientes a la terminación del contrato.

·       Que el representante legal o la persona jurídica o revisor fiscal, según corresponda, certifique bajo la gravedad de juramento, el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal.

b.       Protección en caso de reestructuración administrativa o provisión de cargos:

·       Medida: serán sujetos de especial protección por parte del Estado y en virtud de la misma deben ser reubicados hasta tanto adquieran los requisitos mínimos para el acceso a la pensión, las siguientes personas:

ü  Las personas a las que les falte 3 años o menos para cumplir los requisitos que les permitirían acceder a la pensión de jubilación o vejez.

ü  Que hagan parte de las plantas de las entidades públicas y estén en nombramiento provisional o temporal.

ü  Que, debido a procesos de reestructuración administrativa o provisión definitiva de cargos públicos a través de concurso de méritos, deban ser separados de sus cargos.

3.       Se crea el sello amigable “Adulto Mayor” el cual identificará a las empresas que incorporen a personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido con el requisito de la edad. Tendrá vigencia de un (1) año y podrá ser renovado a solicitud del empleador.

El Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reglamentarán dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la ley.

4.       Finalmente, el gobierno nacional, en consulta con el Consejo Nacional del Adulto Mayor, deberá reglamentar la presente ley en un término no mayor a seis (6) meses contados a partir de la expedición de la presente ley, por lo menos en los siguientes aspectos:

a.        Estrategias para la promoción de empleo.

b.       Tipos de actividades y oficios que pueden asignársele a los adultos mayores.

c.        Derechos y obligaciones especiales de las empresas empleadoras que se acojan a la ley.

d.       Procedimiento de verificación de cumplimiento de requisitos por parte de las empresas empleadoras. 

LEY 2040 2020 - medidas para impulsar el trabajo para adultos mayores

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