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Flash extraordinario 8 de junio

Ante el estado de emergencia sanitaria a causa del COVID-19, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 797 del 4 de junio de 2020, el cual tiene por objeto regular la terminación unilateral de los contratos de arrendamiento de local comercial por parte de los arrendatarios

1. Los arrendatarios de los locales comerciales que a partir del 1° de junio de 2020 se encuentren en imposibilidad de pago y realicen alguna de las siguientes actividades económicas, podrán terminar unilateralmente su contrato de arrendamiento, hasta el 31 de agosto de 2020:

a) Bares, discotecas, billares, casinos, bingos y terminales de juego de video.
b) Gimnasios, piscinas, spa, sauna, turco, balnearios, canchas deportivas, parques de atracciones mecánicas y parques infantiles.
c) Cines y teatros.
d) Servicios religiosos que impliquen aglomeraciones.
e) Alojamiento y servicios de comida.
f) Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas

2. La terminación unilateral del contrato será procedente siempre y cuando, el arrendatario este al día con el pago de los cánones de arrendamiento y servicios públicos causados, así como con las demás obligaciones pecuniarias a su cargo hasta la fecha de terminación del contrato.

3. Como consecuencia de la terminación unilateral, el arrendatario será obligado al pago del valor correspondiente a un tercio de la cláusula penal pactada en el contrato, sin que proceda cualquier otra penalidad, multa o sanción a título de indemnización, proveniente de la ley o de acuerdos entre las partes.

4. En caso que las partes no hayan pactado clausula penal en el contrato de arrendamiento de local comercial, el arrendatario deberá pagar el valor de un canon de arrendamiento.

5. Por último, es importante mencionar que las disposiciones contenidas en el Decreto 797, no aplican a los contratos de arrendamiento financiero – leasing.

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Decreto Legislativo No. 797 del 4 de junio de 2020

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Decreto Legislativo No. 797 del 4 de junio de 2020

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el Decreto 817 de 2020, mediante el cual se establecen condiciones especiales para que las sociedades por acciones simplificadas (SAS) puedan obtener recursos a través de la emisión de títulos representativos de deuda en el mercado público de valores

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el Decreto 817 de 2020 con el fin de mitigar el deterioro de las condiciones económicas y las consecuencias adversas del COVID-19, y de permitir que las compañías puedan obtener recursos del mercado de capitales, mediante el acceso al segundo mercado.

Ahora bien, se entiende como segundo mercado la negociación de títulos inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) y cuya adquisición sólo puede ser realizada por los inversionistas profesionales (artículo 1.4.0.1. de la Resolución 400 de 1995). Adicionalmente, se define como inversionistas profesionales a “todo cliente que cuente con la experiencia y conocimientos necesarios para comprender, evaluar y gestionar adecuadamente los riesgos inherentes a cualquier decisión de inversión” (Artículo 7.2.1.1.2, Decreto 2555 de 2010), por ejemplo, Fondos de Capital y entidades financieras.
De acuerdo con el artículo 1, las emisiones de valores deberán adoptar las disposiciones del Decreto 817 de 2020, hasta por un periodo de dos años. Asimismo, según el artículo 2 del mencionado Decreto, los títulos representativos de deuda emitidos por la SAS podrán ser inscritos en el RNVE y negociarse en una bolsa de valores, con un plazo máximo de emisión de 5 años. Adicionalmente, el gobierno nacional autorizó que las emisiones sean garantizadas por el Fondo Nacional de Garantías S.A.

Por último, es importante mencionar que en principio existía una prohibición general hacia las SAS para acceder al Segundo Mercado, establecida en el artículo 4 de la Ley 1258 de 2008, la cual cambia con el presente Decreto. Lo anterior, resulta favorable en la medida en que este mucho más simple, el tiempo de respuesta de la SFC son 10 días, en contraposición a los 20 días que supone en Mercado Principal, el costo de inscripción es menor y no hay un monto mínimo para la emisión de bonos. Igualmente, el prospecto de emisión y el aviso de oferta no tienen que ser publicados en un diario de amplia circulación, como ocurre en el Mercado Principal y, por el contrario, pueden ser entregados directamente por el emisor a los inversionistas que se encuentren interesados.

Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Decreto Legislativo No. 817 del 4 de junio de 2020

Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Decreto Legislativo No. 817 del 4 de junio de 2020

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