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Boletín semanal | Edición 26 / 07 / 16

La Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 191 de la ley 1753 de 2015, ley del plan nacional de desarrollo 2014-2018, que regulaba una contribución especial para financiar el servicio de alumbrado público.

La Corte Constitucional, en sentencia del 25 de mayo de 2016, declaró en su integridad el artículo 191 de la Ley 1753 de 2015, el cual regulaba una contribución especial para financiar el servicio de alumbrado público, por vulnerar la cláusula del Estado Social de Derecho y el artículo 338 de la Constitución Política, en cuanto se refiere a la fijación de los elementos esenciales del tributo.

La Corte indicó que la función fundamental del servicio de alumbrado público no es proporcionar un beneficio exclusivo, particular y privado a personas específicas, sino que es prestado en interés general a toda una colectividad.

Teniendo en cuenta lo anterior, el alto Tribunal consideró que una Contribución Especial no era un tributo compatible para la financiación del alumbrado público, en tanto que este no está llamado a generar beneficios económicos (externalidades) a ciertos sectores de la sociedad, sino que debe suministrarse a todos los ciudadanos sin importar su capacidad de pago.

Así mismo, la Corte señaló que el artículo demandado condicionó la prestación continua, permanente y en interés general del alumbrado público a los criterios de viabilidad financiera y de rentabilidad razonable, en relación con aparentes beneficiarios individuales del servicio, con lo cual, puso en riesgo su suministro efectivo en todas la zonas del país. Según lo señalado por el Tribunal que salvaguarda la primacía de la Constitución Política, la norma demandada desconoció que, de acuerdo al tenor literal del artículo 365 de la Constitución Política, los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y que en este reside la obligación de asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional y en igual forma lesionó el artículo 338 superior, puesto que el Constituyente solo permite a la ley establecer la modalidad de las contribuciones para obtener compensaciones por beneficios particulares recibidos, los cuales no se perciben a través del servicio de alumbrado público.

Con base en lo anterior, la Corte concluyó que el tributo creado por el artículo acusado era contrario a la Constitución y en ese sentido procedió a declarar la inexequibilidad del artículo 191 de la Ley 1753 de 2015, en su integridad.

Corte Constitucional. Sentencia C-272 de 2016. Expediente D-11056. Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva.

Corte Constitucional. Sentencia C-272 de 2016. Expediente D-11056. Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva.

En el proceso de cobro coactivo no es posible discutir la validez del título ejecutivo, teniendo en cuenta que dicha controversia ya fue decidida previamente en el proceso de determinación del tributo.

Recuerda el Alto Tribunal que el artículo el artículo 828 del Estatuto Tributario, establece que las liquidaciones oficiales ejecutoriadas, entre otros, sirven de fundamento o título ejecutivo en el proceso de cobro coactivo, siempre que contengan una obligación clara, expresa y actualmente exigible. No obstante, señala la Sala que si el título ejecutivo no está ejecutoriado, el proceso administrativo de cobro no puede iniciarse, pues la ausencia de firmeza impide la exigibilidad de la obligación cuyo cobro se pretende.

Teniendo en cuenta las precisiones anteriores, el alto Tribunal señaló que en el procedimiento de cobro, no podrá discutirse legalidad de los actos administrativos que constituyen el título ejecutivo, discusión que no es propia del proceso de cobro coactivo sino del de determinación del impuesto.

En ese sentido, la Sala concluyó que la finalidad del proceso de cobro coactivo es la efectividad de las obligaciones previamente definidas a favor del fisco y a cargo de los contribuyentes o responsables, y no la declaración o constitución de las mismas, ni mucho menos la revisión de aspectos propios de la etapa de determinación del impuesto, como son los que atañen a los elementos de la obligación tributaria.

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Expediente No.  250002327000201200405 01. Número interno: 20165.

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Expediente No. 250002327000201200405 01. Número interno: 20165.

No todo concepto de la administración tributaria puede denominarse acto normativo.

El Consejo de Estado señaló que en materia tributaria, especial atención merecen los conceptos que expide la administración cuando absuelve las consultas sobre la interpretación general de las normas tributarias. Esos conceptos, de manera excepcional, han sido considerados actos administrativos, asimilables a una especie de reglamento, que son susceptibles de cuestionarse ante la jurisdicción contencioso administrativa, pues nacen de la potestad de interpretar oficialmente las normas tributarias.

En ese sentido, el ejercicio de esa competencia hace que tales conceptos sean asimilados a una suerte de acto normativo o reglamento, en cuanto adquieren fuerza normativa y son aplicados por la propia administración y sirven para amparar la actuación de los propios contribuyentes.

De acuerdo a lo anterior, los conceptos que expiden las autoridades tributarias habilitadas delimitan el alcance e interpretación general de las normas de ese tipo y en cuanto tienen un claro componente normativo, orientan la actuación no solo de los contribuyentes, sino de la propia administración, que, desde luego, está en la obligación de respetar las actuaciones de los particulares amparadas en tales conceptos.

Sin embargo, el alto Tribunal aclara que no concepto de la administración tributaria puede denominarse acto normativo.  Puede ocurrir que la consulta aluda a alguna cuestión tributaria que corresponda a la administración, esto es, relacionada con el ámbito de sus competencias, pero que no tenga un carácter general, impersonal y abstracto, al punto que no pueda asimilarse a un auténtico acto normativo o reglamento, con los efectos de ser obligatorio y vinculante.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala precisa concluyó que el concepto normativo no se relaciona ni define situaciones particulares y concretas, sino generales, impersonales y abstractas.

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Expediente No.  250002337000201200320 01. Número interno: 20392.

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Expediente No. 250002337000201200320 01. Número interno: 20392.
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