Análisis

Legal Laboral

Flash extraordinario | 2 de diciembre, 2020

Declaratoria de exequibilidad del Decreto Legislativo No. 771 de 2020 a través del cual se sustituyó el auxilio legal de transporte por el auxilio de conectividad

A través de la Sentencia C-311 de 2020, la Corte Constitucional declaró exequible el Decreto Legislativo No. 771 de 2020, el cual equiparó el reconocimiento del auxilio de conectividad digital a los trabajadores con el reconocimiento del valor del auxilio de transporte (COP $102,954 para el año 2020) al cual tienen derecho los trabajadores que devenguen hasta dos (2) SMLMV y se encuentren desempeñando sus labores bajo Trabajo en Casa.

Asimismo, la Corte Constitucional se pronunció sobre la duración de la medida consagrada en el Decreto Legislativo No. 771 de 2020, indicando que se podrá extender más allá de la vigencia de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, cuando el trabajador deba realizar sus actividades laborales bajo Trabajo en Casa como consecuencia de un mandato legal, disposición de orden público, protocolo de bioseguridad o una instrucción del empleador con el fin de evitar el contagio de COVID-19.         

A continuación, señalamos los aspectos más relevantes de la Sentencia C-311 de 2020 de la Corte Constitucional:

A.     Fundamentos que dieron lugar a la exequibilidad del Decreto Legislativo No. 771 de 2020

1.       La Corte indica que, como consecuencia de la prestación de servicios bajo Trabajo en Casa, el trabajador asume el costo de su labor en forma virtual al poner a disposición del empleador y de la actividad productiva una serie de recursos propios, tales como la energía eléctrica, internet o planes de telefonía móvil. En ese sentido, la finalidad del Decreto Legislativo es habilitar el pago de un auxilio de conectividad que sustituye al auxilio legal de transporte con el objeto de compensar parcialmente la carga financiera que recae sobre los trabajadores al no poderse desplazar físicamente.

2.       La medida busca evitar que la situación económica de los trabajadores que devengan menores ingresos (hasta 2 SMLMV) resulte más onerosa por el hecho de poner a disposición del empleador sus recursos propios.

3.       La medida adoptada en el Decreto Legislativo no limita el contenido de derechos fundamentales. Por el contrario, busca extender una garantía laboral como lo es el auxilio de transporte a la compensación de los costos asumidos por los trabajadores que laboran bajo Trabajo en Casa.

4.       Si bien la premisa básica que dio origen al auxilio de transporte es el subsidio del desplazamiento físico del trabajador, con el Decreto Legislativo se busca cubrir el “traslado virtual” al lugar de trabajo. En ese sentido, la norma objeto de estudio reconoce que los trabajadores se encuentran desempeñando sus actividades laborales virtualmente y que tal circunstancia genera un costo que el trabajador no está obligado contractualmente a asumir.

5.       En relación con la necesidad fáctica o idoneidad del Decreto Legislativo, la Corte considera que la finalidad del Decreto Legislativo no es la protección del trabajo realizado desde casa sino mitigar, a través de un principio de compensación, una parte de los costos financieros asumidos por los trabajadores con menores ingresos en el país.

6.       Frente a la proporcionalidad de la medida, la Corte dispone que la carga que asumen los empleadores es razonable frente a los beneficios obtenidos por la continuidad de la actividad empresarial y productiva. Asimismo, que la medida no pone en riesgo la sostenibilidad del empleo al no aumentar el costo de las nóminas.

7.       Finalmente, sobre el juicio de igualdad o no discriminación, la Corte consideró que el Gobierno Nacional utilizó el mismo criterio aplicado por el legislador en la Ley 15 de 1959 para determinar los criterios de otorgamiento del auxilio de transporte. En tal sentido, si en condiciones normales para el desplazamiento físico al lugar de trabajo se reconoce el auxilio legal de transporte para trabajadores de menores ingresos, en situaciones excepcionales se justifica conceder el auxilio de conectividad con este mismo criterio.

B.     Análisis sobre la duración de la medida dispuesta en el Decreto Legislativo No. 771 de 2020

1.       Si bien el Gobierno Nacional limitó la duración de la sustitución del auxilio de transporte por el auxilio de conectividad a la vigencia de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, para la Corte resulta aceptable que la medida dispuesta a través del Decreto No. 771 de 2020 se extienda más allá de la finalización de la emergencia sanitaria el próximo veintiocho (28) de febrero de 2021[1].

2.       La Corte considera que la extensión de la medida puede ocurrir, como mínimo, en los siguientes casos:

i.            Cuando se expiden medidas nacionales o locales de aislamiento sin que se haya decretado la emergencia sanitaria.

ii.          Cuando los protocolos de bioseguridad prescriben el trabajo remoto, trabajo en casa o alternado, con el fin de evitar el contagio del COVID-19, aun finalizada la emergencia sanitaria.

3.       La Corte establece que de la Resolución No. 666 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social (protocolo general de bioseguridad) y los protocolos de cada uno de los sectores económicos se puede concluir que el trabajo en casa puede resultar obligatorio aun con posterioridad a la finalización de la emergencia sanitaria.

4.       En consecuencia, la sustitución del auxilio legal de transporte por el de conectividad es una medida de protección a los trabajadores que debe ser garantizada mientras se presenten las condiciones que dieron lugar al Decreto Legislativo, es decir, cuando quiera que el trabajador deba desempeñar sus labores bajo Trabajo en Casa dada una prohibición legal, protocolo de bioseguridad o instrucciones del empleador para evitar el contagio de COVID-19, y aun cuando no se haya decretado o haya expirado la emergencia sanitaria.

5.       Sin perjuicio de lo anterior, la Corte indica que aun cuando el Gobierno Nacional adoptó una medida que permite compensar parcialmente uno de los efectos económicos del Trabajo en Casa, como lo es la sustitución del auxilio de trasporte por el de conectividad, esta no cubre la totalidad de los costos asumidos por los trabajadores, ni los protege de otros riesgos y peligros.

6.       En consecuencia, la extensión de la medida no impide que el legislador regule el Trabajo en Casa y que los jueces protejan esta modalidad de trabajo con base en los principios de primacía de la realidad sobre las formas y favorabilidad, así como los artículos 25 y 53 de la Constitución Política de Colombia.

Corte Constitucional - Sentencia C-311 del 13 de agosto de 2020, M.P. José Fernando Reyes Cuartas

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