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Boletín semanal | Edición 05 / 04 / 16

Superintendencia de Sociedades

La Superintendencia de Sociedades a través del Oficio No. 220-053868 del 14 de marzo de 2016, se pronunció, para el caso de sociedades anónimas, sobre el momento en que se entendería vacante el cargo de miembro principal de la Junta Directiva.

Al respecto manifestó en primer lugar, que la vacante al cargo de miembro principal de la Junta Directiva se configuraría como tal, dependiendo de lo dispuesto en los estatutos sociales de la Compañía o de lo presupuestado en el reglamento interno de la Junta Directiva.

No obstante lo anterior, a falta de estipulación expresa y de no mediar determinación del órgano referido, se podrá tener en cuenta lo dispuesto en la Ley 1727 de 2014, reglamentada por el Decreto 2042 de 2014, y el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, normatividad que por analogía resultaría aplicable a la Junta Directiva de una sociedad comercial.

Así las cosas, el artículo 11 de la Ley 727 de 2014, que trata de la vacancia automática de la junta directiva, establece que: “La no asistencia a cinco (5) sesiones de junta directiva, en el período de un (1) año, con o sin justa causa, producirá automáticamente la vacancia del cargo de miembro de junta directiva. No se computará la inasistencia del principal cuando se trate de reuniones extraordinarias a las cuales asista su suplente. En el evento de la vacancia de un miembro de Junta Directiva principal, el suplente personal ocupará su lugar.

Adicional a lo anterior, se producirá la vacancia automática del cargo de miembro de Junta Directiva, cuando durante el periodo para el cual ha sido elegido se presente cualquier circunstancia que implique la pérdida de la calidad de afiliado o cuando sobrevenga una causal de inhabilidad prevista en la ley.


Oficio 220-053868 de 2016
Superintendencia de Sociedades
Bogotá, 14 de marzo de 2016


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Superintendencia de Sociedades

La Superintendencia de Sociedades a través del Oficio No. 220-053182 del 10 de marzo de 2016, se pronunció en lo relacionado con el auto control y gestión del riesgo LA/FT de las empresas que se encuentren bajo la Ley 1116 de 2006.

Al respecto y de conformidad con lo indicado en el numeral 3 del Capítulo X de la Circular Básica Jurídica No. Nro. 100-000005 del 04 de septiembre de 2015, los destinatarios obligados del auto control y Gestión del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo LA /FT y reporte obligatorio de información a la UIAF, son las empresas vigiladas por el Superintendente de Sociedades que a 31 de diciembre de 2013 registraron ingresos brutos iguales o superiores a 160.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes tienen la obligación de adoptar lo dispuesto en el capítulo mencionado.

Así mismo, son destinatarios obligados de la aplicación auto control y Gestión del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo LA /FT y reporte obligatorio de información a la UIAF, aquellas empresas vigiladas que a 31 de diciembre de 2014 y sucesivamente cada año en la misma fecha de corte, ingresos brutos iguales o superiores a 160.000 salarios mínimos legales vigentes

No obstante, la Superintendencia de Sociedades precisó, que, aquellas empresas vigiladas que no se encuentren dentro de los parámetros de ingresos brutos establecidos en el numeral 3 del Capítulo X de la Circular mencionada, deberán considerar la aplicación de las directrices del Capítulo aludido, pues así se podrá garantizar a las mismas la protección contra el flagelo de lavado de activos y financiación del terrorismo, no solo en beneficio de los inversionistas, administradores y demás empelados de la empresa, sino que servirán de protección contra el riesgo de pérdida de reputación y perdurabilidad de las mismas entre otros.

Oficio 220-053182 de 2016
Superintendencia de Sociedades
Bogotá, 10 de marzo de 2016

 

 

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