Análisis

Legal Corporativo

Boletín semanal | Edición 15 de noviembre, 2017

Superintendencia de Sociedades

Enajenación de una sociedad colombiana por parte de una sociedad extranjera

En el concepto220-232530 DEL23 DE OCTUBRE DE 2017 la Superintendencia de Sociedades, se refirió a los aspectos más relevantes a tener en cuenta frente la venta de una sociedad colombiana por parte de una sociedad extranjera, su régimen jurídico y tributario, planteando dos situaciones diferentes consistentes en: la primera, que corresponde a una sucursal de sociedad extranjera que es enajenada por su matriz en el exterior, y la segunda, que la sociedad domiciliada en el exterior haya constituido una sociedad colombiana con inversión extranjera.

Frente a la primera concluye que la venta per sé es perfectamente viable, ya sea a una persona natural o jurídica colombiana o del exterior. Sin embargo, advierte que la denominada ¨sucursal de sociedad extranjera¨ obviamente perderá su especialísima condición de tal, en caso de que la adquiera una sociedad colombiana. Y aclara que si la venta se realiza a una persona natural o jurídica que se encuentre en el exterior, se habrán de cumplir el régimen cambiario aplicable de la Circular Reglamentaria Externa DCIN 83 emitida por el Banco de la República en su artículo 7.2.1.4, donde se establece que deberá realizarse la sustitución de inversión directa de capital del exterior, cuando se suscite el cambio de los titulares de la inversión por otros inversionistas no residentes, así como el cambio en la destinación o en la empresa receptora de la inversión, incluidas las cesiones de los derechos derivados de los anticipos para futuras capitalizaciones.

Respecto de segundo supuesto define que depende del tipo societario constituido en Colombia, de las disposiciones que en la materia se establezcan dentro de los estatutos, como el agotamiento del derecho de preferencia y demás procedimientos singulares, en caso de que hayan otros socios en la misma sociedad haciéndose necesario también que se haga la sustitución de la inversión extranjera en los términos relacionados en el numeral anterior, toda vez que también procedería para este caso.

Superintendencia de Sociedades - concepto220-232530 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2017

Superintendencia de Sociedades - concepto220-232530 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2017

Régimen de insolvencia empresarial

Ley 1116 del 2006 

La Sala Civil de la Corte Suprema, a través del análisis dogmático y jurisprudencial tanto del artículo 20 como del 70 de la Ley 1116 del 2006 (régimen de insolvencia empresarial), concluyó que el incumplimiento del juez de la ejecución del deber de informar al ejecutante la existencia del proceso de insolvencia, entre los tres días siguientes a que se sepa de su inicio para que se defina el paso a seguir, “no conlleva una pérdida automática de competencia ni mucho menos la terminación arbitraria del compulsivo, pues nada dicen las normas al respecto ”.De ahí que, para la Sala, al no estar consolidado ningún motivo de invalidación por continuar un ejecutivo con posterioridad al comienzo de un proceso de reorganización, cuando se desvincula de aquel al deudor insolvente y se prosigue contra los avalistas, ya sea por manifestación expresa del acreedor o su silencio, “mucho menos se configura una violación a la garantía constitucional al debido proceso que impone el artículo 29 de la Constitución Política de 1991”.

Así, cuando el recaudo únicamente se dirige contra el deudor que incurre en cesación de pagos o se encuentra en incapacidad de cumplir, los pleitos precedentes deben remitirse al juez del concurso. El incumplimiento de esta directriz genera nulidad. Por el contrario, cuando los créditos están respaldados por terceros, la remisión del expediente en curso no es inmediata ni las consecuencias de la apertura del concurso se extienden indefectiblemente a los coobligados, precisa la alta corporación.

Régimen de insolvencia empresarial - Ley 1116 del 2006

Régimen de insolvencia empresarial - Ley 1116 del 2006
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