Análisis

Legal Corporativo

Boletín semanal | Edición 06 / 05 / 17

Superintendencia de Sociedades

El Banco de la Republica mediante el Oficio 220-078721 del 05 de abril de 2017, se refiere a la

liquidación sucursal de sociedad extranjera.

A la superintendencia se le cuestiona, ante el evento de la terminación de los negocios de una sucursal de sociedad extranjera en Colombia (la "Sucursal").

¿A partir de qué momento se entiende que la Sucursal únicamente puede llevar a cabo los actos tendientes a su liquidación en cumplimiento del artículo 222 del Código de Comercio (que establece que una vez disueltas las sociedades se procederá de inmediato a su liquidación y en consecuencia, no podrían iniciarse nuevas operaciones en desarrollo de su objeto social)?

¿A partir de qué momento se debe empezar a contar el término para cumplir con la obligación de informar a la oficina de cobranzas de la Administración de Impuestos Nacionales sobre la "disolución" para que esta le informe a la Sucursal las deudas fiscales de plazo vencido?

¿En qué momento se debe cumplir con la obligación de publicar el aviso en un periódico que circule regularmente en el lugar del domicilio para informar a los acreedores sociales del estado de liquidación de la Sucursal?”

Para dar respuesta a estos interrogantes, la Superintendencia se remite al oficio 220-065678 del 22 de agosto de 2012, a través del cual el Despacho expresó su criterio sobre el particular al señalar que las sucursales de sociedades extranjeras no son sociedades con personería jurídica independiente de la sociedad extranjera, tal y como se desprende del artículo 485 del Código de Comercio, que establece: "La sociedad responderá por los negocios celebrados en el país al tenor de los estatutos que tengan registrados en la cámara de comercio al tiempo de la celebración de cada negocio,.....".

Cabe agregar que aunque por virtud del artículo 2 del Decreto 1735 de 1993, las sucursales de sociedades extranjeras son residentes, ello no les da la condición de personas jurídicas y por ende están en imposibilidad de disolverse.

La creación de una sucursal de sociedad extranjera no tiene origen en un contrato, es producto de una decisión administrativa de la sociedad extranjera para desconcentrar sus negocios sociales o de ampliar su campo de acción en algún lugar del territorio nacional o de otro país, decisión que es susceptible de modificarse. Para el caso de una sociedad extranjera, el acto puede corresponder a una mera liberalidad, o a una exigencia legal del país en el que se encuentra establecida.

El título Vlll, de las normas que regulan el funcionamiento de las sucursales de sociedades extranjeras en el país, se desprende que la sucursal de la sociedad extranjera, por ser una extensión de la sociedad en el exterior adolece de personería jurídica, por lo que la finalización de sus negocios en el país, se circunscribe a la liquidación de los negocios en el territorio nacional, mediante la venta de los bienes afectos a la actividad realizada en el país por la sociedad extranjera.

La afirmación anterior, está plenamente confirmada con los artículos 495 y 496, del Código de Comercio, pues ninguna de estas disposiciones hace referencia a la disolución de una sucursal.

En este sentido esta Superintendencia mediante el oficio TR-18137 del 9 de noviembre de 1979, señaló: "Es de anotar que la apertura de una sucursal no se reduce a una simple organización de un establecimiento de comercio, sino que requiere del cumplimiento de normas señaladas de manera especial en el título Vllll, del libro segundo, del Código de Comercio, entre las cuales podemos indicar: c) La asimilación, en la práctica, a las compañías anónimas, para efectos del control administrativo, ejercido en este caso por la Superintendencia de Sociedades; de la constitución de las reservas y provisiones (artículo 476) y de la liquidación de los negocios en el país (artículo 495). ".

Agrega el referido oficio que la liquidación es todo un proceso de liberación de activos, mediante el pago de las obligaciones pendientes por razón de la existencia y los negocios de la sucursal, para que sólo entonces pueda ejercer la sociedad extranjera, su derecho a que se le entregue a título de utilidades finales y de reembolso de capital asignado, la parte que le corresponda en el remanente de los activos.

En este orden de ideas, se tiene que de acuerdo con el Artículo 497 del Código de Comercio, en lo no previsto por las normas que regulan las sucursales de sociedades extranjeras, se aplicarán las reglas de las sociedades colombianas, razón por la cual por lo cual conforme al artículo 222 ibidem, una vez inscrita la decisión de liquidación deberá adicionarse siempre con la expresión “en liquidación”.

Por lo expuesto y, en aras de responder los interrogantes formulados, a juicio de esta oficina es dable concluir:

1. Al ser la sucursal una extensión de la sociedad en el exterior adolece de personería jurídica, su liquidación se circunscribe a la liquidación de los negocios en el territorio nacional, mediante la venta de los bienes afectos a la actividad realizada en el país por la sociedad extranjera.

2. Por tanto al no ser persona jurídica, no es posible hablar de disolución, y por ende, lo que procede es la inscripción de la decisión por parte de la matriz de liquidar los negocios de su sucursal, no de la disolución, como quedó explicado.

3. En consecuencia, a partir de dicha inscripción deberá agotarse en lo pertinente el procedimiento de liquidación establecido en el Código de Comercio (artículos 225 y siguientes) y anunciarse con la expresión “en liquidación".

Oficio 220-078721

Superintendencia de Sociedades

Bogota, 5 de abril de 2017 

Oficio 220-080937

Superintendencia de Sociedades

El Banco de la Republica mediante el OFICIO 220-080937 del 7 de abril de 2017, se refiere a la solicitud de reconsideración de doctrina sobre los requisitos para la readquisición de acciones.

En este oficio, la Super recalca que el artículo 396 del ordenamiento mercantil regula lo concerniente a la readquisición de acciones exigiendo para su procedencia el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1) Que medie decisión favorable del máximo órgano social;

2) que se empleen fondos tomados de utilidades líquidas y

3) que se trate de acciones totalmente liberadas

De acuerdo a esto, la única posibilidad para que una sociedad pueda readquirir sus propias acciones, además de aquella derivada de una donación con carácter gratuito de las mismas que efectúe el accionista a favor de la compañía, deriva de una compraventa de las mismas con ocasión de la cual deba recurrir a fondos tomados de utilidades líquidas, tal como se expone en el Oficio220-6310 del 27 de febrero de 1998, que recoge el tratamiento de la figura a la luz del referido artículo 396, y del cual me permito transcribir lo pertinente:

Es claro que las acciones que conforman el capital de una sociedad anónima son libremente negociables por los titulares de las mismas, salvo que en los estatutos de la compañía, se encuentre consagrado el derecho de preferencia en favor de la sociedad o de los accionistas o de ambos.

A su vez, el artículo 396 ibídem, consagra una limitante pues la sociedad anónima no puede adquirir sus propias acciones, sino por decisión de la asamblea con un número de votos favorables, agregando además, que es fundamental que las acciones sean adquiridas con fondos tomados de las utilidades liquidas y que dichas acciones se hallen totalmente liberadas.

Afirma entonces la Superintendencia que la norma es clara y no permite una interpretación diferente. La norma mercantil consagra solo dos formas en las cuales la sociedad puede readquirir sus propias acciones cuales son las consagradas en los artículos 379, numeral 3 y 396 del Código de Comercio. Se reafirma el criterio del legislador en este aspecto, al establecer que en el evento que la sociedad decida imputar las sumas recibidas por parte del accionista moroso a la liberación del número de acciones que correspondan a las cuotas pagadas, deberá colocar de inmediato las acciones que la sociedad retire al accionista moroso.

Ahora bien, no existe duda alguna de que la compañía puede iniciar un proceso ejecutivo contra un accionista deudor de la misma a la luz de lo establecido en el numeral 6 del artículo 681 del Código de Procedimiento Civil.  Pero este proceso solo se puede predicar respecto del Embargo de la Acción y se extiende "a los dividendos, utilidades, intereses y demás beneficios que al derecho embargado correspondan.....", así como sobre cualquier bien de propiedad del asociado.

La Dación en Pago, ha sido definida por la doctrina como: "...una modalidad de pago que consiste en que el deudor o un tercero, con el consentimiento del acreedor, soluciona la obligación con una prestación distinta de la debida. En este orden de ideas y siendo consecuentes con lo afirmado, podemos concluir que la Dación en Pago entre la sociedad como acreedora y el accionista como deudor, deberá recaer sobre bienes distintos a las acciones de la compañía, pues de manera imperativa la legislación mercantil, fija los casos en los cuales una sociedad puede readquirir sus propias acciones.

Aceptar como Dación en Pago, en favor de la sociedad las acciones de que es titular el accionista en la compañía implicaría un desacato legal, desconociendo el espíritu que le dio origen a la ley.”

Consecuente con lo expuesto, se tiene que la readquisición de acciones solamente se puede realizar recurriendo a las utilidades, en los términos del artículo 396 del C. de Cio, norma de carácter imperativo y por ende de obligatorio cumplimiento, lo que a su turno significa que no se puede llevar a cabo a través de ningún otro mecanismo previsto en la ley para la extinción de obligaciones, tales como la dación en pago o la compensación; aceptar estas figuras implicaría un desacato legal, desconociendo en esta forma el espíritu que le dio origen a la ley.

En los anteriores términos, su solicitud ha sido atendida con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo.

OFICIO 220-080937

Superintendencia de Sociedades

Bogota, 7 de abril de 2017 

OFICIO 220-080937
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