Análisis

Legal Corporativo

Boletín semanal | Edición 21 / 03 / 17

Superintendencia de Sociedades

La Superintendencia de Sociedades, mediante oficio 220-023481 del 20 de febrero de 2017 se refiere a las acciones legales que pueden emprenderse en la situación en la que un liquidador de una sociedad no pague a los socios los remanentes que les pertenecen, pese a que en la cuenta final de liquidación se encuentre consignado el valor que les correspondió por ese concepto. Al respecto, responde si frente a un eventual proceso judicial en contra del liquidador, podrá servir como título ejecutivo la cuenta final de liquidación registrada en Cámara de Comercio

El Código de Comercio, en su artículo 247, dispone que una vez pagado el pasivo externo de la sociedad, se distribuirá el remanente de los activos sociales entre los asociados, conforme a lo estipulado en el contrato o a lo que ellos acuerden. A renglón seguido la norma advierte que dicha distribución se hará constar en un acta en la que se exprese el nombre de los asociados, el valor de su correspondiente interés social y la suma de dinero o los bienes que reciba cada uno a título de liquidación.

El artículo 249 por su parte dispone que aprobada la cuenta final de la liquidación, se entregará a los asociados lo que les corresponda.

Por otro lado, el artículo 255 del Estatuto Mercantil, determina que los liquidadores serán responsables ante los asociados y ante terceros de los perjuicios que se les cause por violación o negligencia en el cumplimiento de sus deberes.

Así las cosas, es frente a una acción de responsabilidad civil que los liquidadores deben responder ante los socios o accionistas por el incumplimiento de sus deberes.

En tal sentido es claro que la deudora es la sociedad y no su liquidador, luego mal sería dable suponer en concepto de esta oficina, que la cuenta final de liquidación inscrita en la Cámara de Comercio, pueda obrar como título ejecutivo para el cobro de los remanentes contra el liquidador. Y contra la sociedad tampoco, puesto que para ese entonces ya ha dejado de existir por virtud de la inscripción.

Oficio 220-023481

Superintendencia de sociedades.

Bogotá, 20 de febrero de 2017.

 

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Superintendencia de Sociedades

La Superintendencia de Sociedades, mediante oficio 220-033266 del 22 de febrero de 2017 responde a la consulta sobre si “Puede una persona natural ser representante legal de una empresa, si tiene un proceso a título personal de embargo por una deuda.”

Sobre el tema, manifiesta la Superintendencia, que no existe en la legislación alguna disposición que impida o prohíba designar como representante legal a una persona por tener un proceso de embargo. Lo que no obsta a que por estipulación estatutaria o determinación del órgano social competente, se acuerden condiciones de esa índole, atendiendo que en todo caso el representante legal por el carácter de administrador que ostenta, es sujeto del régimen de deberes y responsabilidad que consagra dicha legislación.

Lo anterior, con base en el artículo 196 del Código de Comercio, en el cual se establecen las funciones y limitaciones de los administradores.

“La representación de la sociedad y la administración de sus bienes y negocios se ajustarán a las estipulaciones del contrato social, conforme al régimen de cada tipo de sociedad.

A falta de estipulaciones, se entenderá que las personas que representan a la sociedad podrán celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos dentro del objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad.

Las limitaciones o restricciones de las facultades anteriores que no consten expresamente en el contrato social inscrito en el registro mercantil no serán oponibles a terceros” (Subrayado fuera del texto)

Oficio 220-033266

Superintendencia de sociedades.

Bogotá, 22 de febrero de 2017.

 

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