Análisis

Legal Corporativo

Boletín semanal | Edición 1 / 11 / 16

Se establecen las reglas para la afiliación voluntaria de los trabajadores independientes al Sistema de Riesgos Laborales

El Ministerio del Trabajo promulgó recientemente el Decreto 1563, mediante el cual se establece una reglamentación integral sobre la afiliación de los trabajadores independientes al Sistema de Riesgos Laborales. Esta afiliación es voluntaria, y se podrá realizar a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA). La cobertura de los riesgos iniciaría el día siguiente al día de la afiliación al Sistema y el IBC (Ingreso base de Cotización) será el mismo que el de la cotización a Salud y Pensión, respetando el límite máximo establecido de 25 Salarios Mínimos mensuales vigentes.

Decreto 1563 del 30 de septiembre de 2016

Ministerio del Trabajo.

Bogota

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Superintendencia de Sociedades

La Superintendencia de Sociedades, mediante oficio 220-195706 del 13 de octubre de 2016 aclara los interrogantes presentados sobre la posibilidad de excluir de una sociedad de responsabilidad limitada a un socio que este cometiendo actos ilegales que atenten contra el patrimonio y existencia de la sociedad, afirmando que en dichas sociedades no existe un procedimiento de carácter sancionatorio.

Se refiere sin embargo la Superintendencia a la exclusión de origen contractual y legal.

Exclusión de origen contractual: la exclusión de un socio es de carácter restrictivo toda vez que es una sanción legal y las causales para dicho acto son taxativas, pues aplican solamente en las circunstancias y para las sociedades que prevé el legislador. Para las sociedades de responsabilidad limitada, puede ser viable de manera excepcional la exclusión, siempre que se cumplan los supuestos que la ley contempla para las sociedades colectivas y que se haya estipulado expresamente en los estatutos sociales. Para esto, habrá que agotarse el procedimiento al que haya lugar y atender a lo que decida la junta de socios sobre el retiro y exclusión de los socios, lo cual constituye una reforma estatutaria.

Exclusión de origen legal: existen dos eventos en los cuales se puede presentar la excusión de un socio. En primer lugar, de acuerdo al artículo 365 del Código de Comercio, en un trámite de cesión de cuotas, cuando el mismo no se perfeccione, los socios pueden optar por excluir al socio interesado en ceder sus cuotas. En segundo lugar, se puede excluir un socio cuando este no cumpla con su deber de realizar su aporte en la forma y época convenida en los estatutos, desacuerdo al artículo 125 del estatuto mercantil.

Las sociedades de responsabilidad limitada pueden establecer en sus estatutos otras causales de exclusión de los socios, de acuerdo a lo previsto por ley para las sociedades colectivas en los artículos 296 a 298 del Código de Comercio.

Oficio 220- 195706

Superintendencia de sociedades.

Bogotá, 13 de octubre de 2016.

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Superintendencia de Sociedades

La Superintendencia de Sociedades mediante oficio 196110 del 14 de octubre de 2016 aclara inquietudes sobre los mecanismos de ejecución de la garantía mobiliaria.

Sobre la Ejecución en la modalidad de Pago Directo, la Superintendencia afirma que la garantía mobiliaria se constituye mediante contrato que tiene carácter de principal sobre los bienes de que trata el artículo 3 y siguientes de la Ley 1676 de 2013. En el caso de incumplimiento por parte del deudor en alguna de sus obligaciones, el acreedor puede ejecutar la garantía por adjudicación o realización especial de la garantía real del artículo 467 y 468, o por medio de la ejecución especial de la garantía prevista en el artículo 58 de la Ley 1676 de 2013.

No obstante las premisas jurídicas de cobro mencionadas, existe la modalidad de ejecución de la garantía mobiliaria denominada Pago directo. Para que esta modalidad opere, debe pactarse un mutuo acuerdo en el respectivo contrato, entre el deudor y el acreedor garantizado que deseen satisfacer su crédito directamente con los bienes dados en garantía mobiliaria o cuando el acreedor, sea tenedor del bien dado en garantía, cuyo procedimiento se regirá por lo previsto en el artículo 60 de la ley 1676 de 2013, en concordancia con lo señalado sobre mecanismo de ejecución por pago directo y diligencia de aprensión y entrega del Decreto 1835 del 16 de septiembre de 2015.

El mecanismo de pago directo excluye la posibilidad de hacer uso de los demás procedimientos de ejecución previstos en los artículos 61 y 62 de la ley 1676 de 2013, sin embargo, si el avaluó del bien en garantía es inferior al valor de la obligación garantizada, el acreedor garantizado se pagara con el bien en garantía y podrá realizar el cobro correspondiente por el saldo insoluto. Es decir, será posible que el acreedor pueda ejercer los mecanismos de ejecución judicial, de pago directo nuevamente y de ejecución especial de la garantía cuando estos procedimientos fueron pactados por acuerdo posterior al momento en que se defina el avaluó del bien, y este sea inferior al valor de la obligación.

Sobre la Ejecución Especial de la Garantía, se establece que la autoridad competente para conocer del trámite de ejecución de la garantía, la ley permite que conozca la entidad que se haya convenido previamente o en ausencia de estipulación, ante notario o ante los centros de conciliación de las Cámaras de Comercio, según el artículo 64 de la ley 1676 de 2013.

Así mismo, se afirma que cuando el bien tenga un valor inferior a los 20 SMLMV, se seguirá e procedimiento de la ejecución especial de la garantía mobiliaria como lo establece el numeral 4, del art 62 de la misma ley. Si el valor es superior, el trámite será de ejecución judicial, si no se ha pactado pago de directo.

En el caso de que la garantía no sea suficiente para cubrir la obligación, el artículo 70 de la ley 1676 de 2013 determina que el acreedor tiene derecho de demandar el pago del saldo al deudor en caso de apropiación directa. Así mismo, el artículo 2.2.2.4.2.55, del decreto 1835 de 2015, determina que el monto de la obligación garantizada estará determinado según se acuerde entre las partes hasta por el valor del bien en garantía, de conformidad con el avalúo que haya sido aprobado en el respectivo proceso judicial o de insolvencia o el que corresponda a la valoración respectiva en los procedimientos de pago decreto y de ejecución especial de la garantía, dependiendo del mecanismo de ejecución de que se trate.

Lo anterior supone que, si existe algún saldo insoluto que quede sin pagar, este podrá ser cobrado como crédito quirografario. El acreedor podrá optar, como mecanismo a seguir, entre la ejecución judicial o el pago directo si hay acuerdo, o la ejecución especial.

Oficio 196110

Superintendencia de sociedades.

Bogotá, 14 de octubre de 2016.

 

LOS CONFLICTOS SURGIDOS EN CONTRATOS DE NATURALEZA CIVIL NO PUEDEN SER CONOCIDOS POR LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. El litigio estudiado corresponde a un contrato de prestación de servicios celebrado entre una persona jurídica de derecho público y dos personas naturales de derecho privado, cuyo pago se pretende a través de la vía ejecutiva y se encuentra regulado por las disposiciones legales de carácter civil de manera que, tal como lo señala el juzgado administrativo, no se configura ninguna de las causales de la Ley 1437 de 2011 para poder considerar que se trata de una demanda ejecutiva que debe ser tramitada ante la jurisdicción contencioso administrativa; de manera que el asunto debe remitirse ante el juez promiscuo municipal que inicialmente alegó no tener competencia para poder resolver el conflicto. Dirimir. M.P. José Ovidio Claros Polanco. Documento disponible al público en octubre de 2016

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