Análisis

Legal

Boletín semanal | Edición 15 / 03 / 16

Superintendencia de Sociedades.

La Superintendencia de Sociedades a través del Oficio No. 220-044806 del 23 de febrero de 2016, se pronunció en lo relacionado con la prenda y usufructo de acciones, particularmente sobre si en una sociedad comercial existen acciones que se encuentran prendadas, estando la prenda inscrita en el libro de registro de accionistas, ¿es necesario, para otorgar un usufructo sobre las mismas acciones y así permanecer con la nuda propiedad, solicitar autorización del acreedor prendario?

Al respecto manifestó que si al acreedor prendario no le han sido deferidos los derechos inherentes a la calidad de accionista, y se pretende dar las mismas acciones en usufructo, conservando el propietario la nuda propiedad, no habría razón de orden legal que obligue solicitar autorización al acreedor prendario para constituir un usufructo sobre las acciones mencionadas.

Lo anterior obedece a que el contrato de usufructo no comporta la negociación de acciones (artículo 403 del Código de Comercio). Así las cosas, las acciones son libremente negociables salvo las excepciones consagradas en el artículo mencionado, lo cual significa que su titular puede disponer de sus acciones y de consiguiente, la persona que en tal virtud las adquiere las adquiere, asume la calidad de accionista y los derechos y obligaciones inherentes a ellas.

Por otro lado, el usufructo es un negocio jurídico diferente (artículo 823 del Código Civil), en virtud del cual no se transfiere la propiedad de las acciones, sino que de manera temporal se confieran al usufructuario todos los derechos inherentes a la calidad de accionistas, en el cual nunca se transfiere la propiedad.

Oficio 220-044806 de 2016
Superintendencia de Sociedades
Bogotá, 23 de febrero de 2016

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Superintendencia de Sociedades

La Superintendencia de Sociedades a través del Oficio No. 220-047982 del 29 de febrero de 2016, se pronunció en lo relacionado con el domicilio que debería de tener aquella persona que ejerza como representante de la sucursal de una sociedad extranjera y de una sociedad nacional.

Al respecto manifestó, con fundamento en lo expresado en su momento por el Consejo de Estado, para el caso de las personas jurídicas extranjeras de derecho privado con domicilio en el exterior que establezcan negocios permanentes en Colombia, la obligación de constituir en el lugar donde tengan tales negocios, apoderados con capacidad para representarlas judicialmente toda vez que las sociedades extranjeras con negocios permanente en Colombia, no pueden nombrar como representante legal de la sucursal a una persona no residente en el país. Lo anterior en razón a que si el apoderado no tiene domicilio en Colombia, la sucursal seguramente no tendría la capacidad de responder cualquier requerimiento oficial o particular en forma inmediata y efectiva al igual que las demás personas nacionales o extranjeras, residentes en el territorio nacional.

Ahora bien, caso contrario sucede con las sociedades nacionales, ya que no existe norma legal alguna que prohíba que el representante legal, sea principal o suplente, resida en lugar diferente a donde la sociedad tenga establecido su domicilio social y por ende, le corresponde al máximo órgano social evaluar la conveniencia o no de que las personas encargadas de la dirección de la compañía adelanten su labor en las condiciones anotadas, y en particular si asegura el cumplimiento de todas y cada una de las funciones.

Oficio 220-047982 de 2016
Superintendencia de Sociedades
Bogotá, 29 de febrero de 2016


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