Análisis

Legal | Sector Público

Boletín mensual | Edición agosto

La Superintendencia de industria y comercio recordó la relevancia de contar con la autorización del titular de los datos personales cuando estos se usan en temas publicitarios

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) recordó que los Responsables del tratamiento de los datos personales deben velar por la protección de los mismos, y en tal forma no pueden divulgar esta información sin autorización y consentimiento del titular, por cuanto es un deber del Responsable conservar la información bajo parámetros de seguridad que eviten la adulteración, perdida, consulta, uso o acceso no autorizado y/o fraudulento a los mismos.

Lo anterior, con ocasión de la investigación administrativa adelantada por la SIC a una empresa de telefonía, quien distribuyó entre sus usuarios de planes de pos pago un volante, dando a conocer el nuevo modelo de factura implementado por la Compañía, en el que se incluyó el número telefónico de uno de sus usuarios.

Así pues, la SIC señaló que el número de teléfono al ser un dato de contacto personal y no de carácter comercial, es un dato privado, por lo cual su tratamiento requiere previa autorización de su titular, y más aún si éste va a ser incorporado en mecanismos de publicidad y/o amplia divulgación.

Resolución No. 27650 del 28 de mayo de 2015 de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). 

 

 

Resolución No. 27650 del 28 de mayo de 2015 de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

Agencia nacional de licencias ambientales no tiene competencia para expedir directa y autónomamente reglamentación en materia ambiental

El Consejo de Estado, en curso del trámite de simple nulidad en contra de la Resolución número 755 de 31 de julio de 2013 expedida por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), determinó que esta última, había desbordado su competencia al expedir dicha norma, mediante la cual dictó algunos reglamentos en materia de licencias ambientales.

El Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, recalcó que en un Estado Social y Democrático de Derecho, las entidades deben respetar las funciones y facultades que les fueron asignadas, prestando especial atención a los límites impuestos a las mismas, con el ánimo de no desbordar sus competencias: “es claro que no es una atribución del Director General de la ANLA la expedición de reglamentaciones en asuntos ambientales, pues no es una competencia que le haya sido asignada expresamente por la Ley. Y, como se señaló previamente, en un Estado de Derecho como el nuestro no pueden existir competencias implícitas, por analogía o por extensión”.

Consejo de Estado, Sentencia del 21 de abril de 2016. Expediente No.   11000-03-24-000-2014-00515-00. C. P. Guillermo Vargas Ayala.  

Consejo de Estado, Sentencia del 21 de abril de 2016. Expediente No. 11000-03-24-000-2014-00515-00. C. P. Guillermo Vargas Ayala.
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