Análisis

Legal | Sector Público

Boletín semanal | Edición 14 / 10 /2015 

El Consejo de Estado recalcó que pactar prórrogas automáticas en los contratos estatales es ilegal

El Consejo de Estado recalcó que pactar prórrogas automáticas en los contratos estatales, que favorezcan a un determinado contratista, “resulta violatorio de los principios generales de libre concurrencia, de igualdad, de imparcialidad, de prevalencia del interés general y de transparencia que rigen todas las actuaciones contractuales de las entidades estatales”.

Lo anterior, toda vez que la Corporación declaró por objeto ilícito la nulidad absoluta de la cláusula de prórroga automática del contrato de arrendamiento No. 015 de 1993 suscrito entre el Municipio de Armenia y Jorge Cadena, representante de la Planta Asfáltica y Triturado de Materiales, al considerar que dicha cláusula contraviene el Decreto Ley 222 de 1983, norma que consagró expresamente tal prohibición, y los principios consignados en el Estatuto General de la Contratación Pública – Ley 80 de 1993.

Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección A. Consejero Ponente Hernán Andrade Rincón. Ref.: 63001-23-31-000-1999-01000-01(30834), del veintiséis (26) de febrero de 2015.

Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección A. Consejero Ponente Hernán Andrade Rincón. Ref.: 63001-23-31-000-1999-01000-01(30834), del veintiséis (26) de febrero de 2015.

El Gobierno Nacional reglamentó la forma en la que debe realizarse el reparto de las "acciones de tutela masiva"

En aras de salvaguardar los principios de igualdad, coherencia y seguridad jurídica, y promover el principio de economía procesal, el Gobierno Nacional estableció mecanismos de reparto y reasignación de las acciones de tutela que versen sobre un mismo problema jurídico o “acciones de tutela masivas”.

Por lo anterior, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1834 del 16 de septiembre de 2015 en el cual se establecen las siguientes reglas, entre otras:

·      Las acciones de tutela que busquen la protección de los mismos derechos fundamentales por una sola y misma acción u omisión de una autoridad pública y/o particular, se asignarán al despacho que hubiese avocado en primer lugar el conocimiento de la primera de ellas.

·      La autoridad pública y/o particular accionada deberá indicar en el escrito de contestación la existencia de acciones de tutela que se hubiesen presentado por la misma acción u omisión de la Entidad, así como el despacho que en primer lugar avocó el conocimiento.

·      Las oficinas o despachos de reparto tendrán que contabilizar las acciones de tutela asignadas a cada despacho judicial a fin de mantener una distribución equitativa de los procesos.

Decreto 1834 del 16 de septiembre de 2015.

Decreto 1834 del 16 de septiembre de 2015.
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