Análisis

Legal | Sector Público

Boletín semanal | Edición 10 / 11 /2015 

El Ministerio de Minas y Energía estableció que no es la autoridad competente para fijar el plazo de presentación del plan de contingencia y permiso de vertimientos de hidrocarburos o sustancias nocivas

El Ministerio de Minas y Energía, mediante concepto 2015064984 del 18 de septiembre de 2015, estableció que no es la autoridad competente para fijar el plazo de presentación del plan de contingencia y permiso de vertimientos de hidrocarburos o sustancias nocivas, así como tampoco puede fijar el plazo de los trámites adelantados ante las autoridades ambientales.

Lo anterior, toda vez que los permisos de vertimientos y planes de contingencia referidos en el Decreto 1076 de 2015, no son expedidos por el Ministerio de Minas y Energía; por lo cual su aprobación y verificación de cumplimiento se encuentra a cargo de las autoridades ambientales designadas para ello.

Sin embargo, el Ministerio señaló que el plan de contingencia y control de derrames de hidrocarburos o sustancias nocivas debe ser presentado y/o aprobado ante la autoridad ambiental competente al momento del desarrollo de las actividades de exploración, explotación, manufactura, refinación, transformación, procesamiento, transporte o almacenamiento de hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos hidrológicos, conforme a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015.

Ministerio de Minas y Energía, concepto 2015064984 del dieciocho (18) de septiembre de 2015.

Ministerio de Minas y Energía, concepto 2015064984 del dieciocho (18) de septiembre de 2015.

La Corte Constitucional señaló que el término de caducidad del medio de control de reparación directa, originada en hechos oscuros, debe contarse desde cuando se conoce el agente responsable del daño

En sede tutela, la Corte Constitucional señaló que el término de caducidad del medio de control de reparación directa, originada en hechos oscuros, dudosos y poco claros, debe contarse a partir del momento en que se conocieron todos los elementos que permiten configurar la responsabilidad patrimonial del Estado; es decir, desde “el momento en que se conoce el agente que ocasionó el daño cuya reparación se demanda”.

Lo anterior, toda vez que la inobservancia de dicho precepto vulnera los derechos fundamentales de igualdad, debido proceso, acceso a la administración de justicia y debida diligencia estatal.

Corte Constitucional, comunicado de prensa No. 48 del veintidós (22) de octubre de 2015. Expediente T 3795843, sentencia SU-659 de 2015. Magistrado Ponente Alberto Rojas Ríos.

Corte Constitucional, comunicado de prensa No. 48 del veintidós (22) de octubre de 2015. Expediente T 3795843, sentencia SU-659 de 2015. Magistrado Ponente Alberto Rojas Ríos.
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