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Boletín semanal | Edición 05 / 04 / 16

La sanción por no enviar información debe imponerse en forma equitativa y justa, con garantía de los principios de razonabilidad y proporcionalidad

El régimen tributario nacional establece la obligación a cargo de determinados contribuyentes de suministrar información en medios magnéticos acorde con las reglas dispuestas en el artículo 631 del Estatuto Tributario.

Así, cuando uno de ellos incumple esta obligación, esto es, que no la suministren dentro del plazo establecido para ello o cuyo contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, la Administración de Impuestos está facultada para imponer sanción por no enviar información de que trata el artículo 651 del Estatuto Tributario.

Previamente la jurisprudencia constitucional mediante sentencia C 160 de 1998 determinó que el envío tardío y la falta de entrega de información debían generar un daño al fisco,  requisito sine qua non para la imposición de la sanción, determinando además que ésta debe ser proporcional al daño producido.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que el daño que se genera a la Administración Tributaria por el envío tardío de la información es de menor entidad que el daño producido por la falta de entrega de la información, el Consejo de Estado estableció que la graduación y la imposición de la Sanción no solo implica para el funcionario una facultad reglada acorde con los criterios de equidad y justicia, sino también garantista de los principios de razonabilidad y proporcionalidad que rigen el derecho al debido proceso sancionatorio.

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Expediente No. 76001-2333-000-2012-00072-01(20372).

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Generalidades de las medidas cautelares en el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo - CPACA

Los artículos 229 a 241 del CPACA regulan todo lo concerniente a las medidas cautelares. Principalmente, se le otorga al Juez una facultad amplia para decretarlas cuando las considere necesarias, con el fin de proteger y garantizar en forma temporal, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.  

Su procedencia puede darse en cualquier momento, a petición de parte con el debido sustento jurídico, en todos los procesos declarativos promovidos ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. En lo referente a su decreto de oficio, se permite únicamente en procesos que busquen la defensa de los derechos e intereses colectivos.

Señala el Consejo de Estado que en aquellos eventos en que solicita la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procede por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se presente en escrito separado. Además, cuando se pretende el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios, deben probarse la existencia de los mismos.

Ahora bien, el artículo 234 del CPACA regula la medida cautelar de urgencia, que en palabras del Alto Tribunal, se diferencia de las demás medidas cautelares (preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión) en el traslado que debe hacerse a la parte contraria de la solicitud de tales medidas, pues en las primeras  es obligatorio pero en la segunda, dada la urgencia de adoptarla no es posible agotar ese trámite.

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Expediente No. 10001-03-27-000-2015-00082-00(22199)

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