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Boletín semanal | Edición 20 / 10 / 15

Consejo de Estado destaca la importancia de agotar la vía gubernativa antes de acudir a la jurisdicción

El consejo de Estado señala que de conformidad con el artículo 161 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se deben agotar todos los recursos disponibles cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, como requisito para acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

De acuerdo a lo anterior, el Alto Tribunal destaca la importancia y la necesidad de agotar la actuación administrativa antes de acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ya que este procedimiento se constituye en la forma mediante la cual el administrado ejerce su derecho de defensa esgrimiendo sus motivos de inconformidad frente al acto y en el mismo sentido estimula a la administración a revisar sus propios actos con el fin de que en determinado caso reconsidere, modifique o revoque su decisión.

Finalmente, la Corporación considera que una vez agotada la actuación administrativa, se garantizan los derechos del administrado en procura de que sea enmendada una decisión administrativa e igualmente se  reviste al proceso judicial de una mayor seguridad al momento de adoptar una decisión.

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Expediente No.  130012333000201200102 01. Número interno: 20137.

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Expediente No. 130012333000201200102 01. Número interno: 20137.

La nulidad de los actos administrativos dentro del proceso de determinación oficial desvanece el fundamento de la sanción por devolución improcedente e implica que el contribuyente efectivamente tenía derecho a la devolución de saldo a favor declarado

Recuerda el Alto Tribunal que el artículo 670 del Estatuto Tributario contempla que el contribuyente a quien se le haya devuelto una suma en exceso por concepto de saldo a favor, está sujeto a la sanción por devolución y/o compensación improcedente que consiste en: 1) El reintegro de las sumas devueltas o compensadas en exceso. 2) El pago de los intereses moratorios que correspondan, esto es, los causados sobre los impuestos debidos. 3) El pago de la sanción propiamente dicha, es decir, el incremento de los intereses de mora en un cincuenta por ciento (50%).

Si bien, para la imposición de la sanción por devolución y/o compensación improcedente la ley contempla un procedimiento autónomo e independiente del aplicable para la determinación oficial del impuesto, estos procesos tienen conexidad puesto que la decisión adoptada en el proceso de determinación oficial tiene incidencia definitiva y directa sobre el proceso sancionatorio, es decir, si la liquidación oficial de revisión sometida a control jurisdiccional es declarada nula, desaparece el supuesto de hecho que sirve de fundamento a la sanción por devolución y/o compensación improcedente y, en consecuencia, también procede la nulidad de la sanción.

En consecuencia, la Sala precisa que de declararse la nulidad de los actos de determinación oficial del tributo, y por tanto la improcedencia del rechazo del saldo a favor determinado por la DIAN, necesariamente la sanción por devolución improcedente deberá ajustarse a esta decisión lo que implica que el contribuyente tenía derecho a la devolución del saldo a favor declarado.

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Expediente No.  250002327000201100270 01. Número interno: 19993.

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Expediente No. 250002327000201100270 01. Número interno: 19993.
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