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Boletín semanal | Edición 22  / 09 / 15

Consejo de Estado recuerda la aplicación de principios de razonabilidad y proporcionalidad en la graduación de la sanción

El artículo 651 del Estatuto Tributario ha consagrado el monto en que la administración puede imponer sanción por no enviar información, esto es “Hasta del 5% de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información exigida, se suministró en forma errónea o se hizo en forma extemporánea.” Sin embargo, recuerda el Consejo de Estado que la expresión “hasta” le  otorga a la administración un tope, esto quiere decir que no es impositivo este porcentaje sino que puede evaluar el grado de la sanción aun si es por debajo del que establece la ley, siempre que haga una imposición debidamente motivada, aplicando principios de equidad, proporcionalidad, razonabilidad y justicia, como se ha manifestado en jurisprudencia Constitucional. En este sentido, recuerda la corporación que no se debe medir de igual manera si el contribuyente ha entregado de manera tardía la información y si no la entrego, aunque ambas constituyan una causal de sanción, las consecuencias de las mismas difieren pues la primera implica la obstrucción de la correcta gestión tributaria mientras que la segunda afecta la oportunidad de la misma.

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Expediente No. 73001233100020120033501. Número interno: 21014.

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Expediente No. 73001233100020120033501. Número interno: 21014

Advierte el Consejo de Estado reglas para el cálculo de intereses corrientes y moratorios

Manifestó el Consejo de Estado, que atendiendo a lo previsto en los artículos 863 y 864 del Estatuto Tributario, cuando se ha negado la solicitud de devolución peticionada por el contribuyente y, posteriormente en vía judicial se decreta la nulidad del acto que lo niega, el periodo de causación de intereses corrientes se cuenta desde la fecha de notificación de dicho acto administrativo hasta la ejecutoria de la sentencia. Los intereses moratorios se determinan de la siguiente manera: i. Si durante el trámite del proceso NO se ha discutido la suma a devolver el periodo de causación inicia en la fecha del vencimiento del  termino para la devolución;  ii. Por el contrario, si se ha discutido el monto, la fecha inicial de causación será el día siguiente a la ejecutoria de la providencia que ordene el pago y en ambos casos se cuenta hasta la fecha en que se haga efectiva la devolución.

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Expediente No. 760012331000200801020-01. Número interno: 19544.

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Expediente No. 760012331000200801020-01. Número interno: 19544.

Nulidad de los actos administrativos consecuencia de la incorrecta notificación

Advierte el Consejo de estado que la aplicación de principios Constitucionales no se limita a las actuaciones judiciales, es pertinente aplicarlos en la actuación administrativa, pues todas las autoridades están llamadas a ejercer correctamente las facultades que la ley les atribuye, con especial observancia de la ley y los procedimientos. Es por ello que, cuando la ley consagra el cumplimiento de ciertas exigencias para la expedición de actos administrativos, estos no son de aplicación arbitraria sino que son de obligatorio cumplimiento. Así, el desconocimiento de la ley por parte de la autoridad genera eventualmente la formación de una causal de nulidad, la “expedición irregular del acto administrativo”. De acuerdo con esto, la ley prevé para la imposición de sanciones, un trámite previo, el emplazamiento y notificación del mismo, con el fin de incentivar al contribuyente a presentar la declaración, constituyendo así un requisito previo a la imposición de la sanción. Con respecto a la notificación, la ley ha sido clara en señalar que las actuaciones administrativas se notifican en la dirección informada por el contribuyente en su última declaración o por el domicilio que la propia administración verifique y solo en última instancia, de no encontrarse la dirección para realizar el procedimiento se publica en diario de amplia circulación.

Entonces, constituye obligación por parte de la administración verificar mediante herramientas como directorios telefónicos o movimientos bancarios las dirección de residencia del contribuyente y solamente tras la imposibilidad de conseguir datos de contacto proceder a realizar publicaciones so pena de generar la nulidad del acto administrativo objeto de notificación.

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Expediente No.  680012331000200301689-01. Número interno: 20035.

 

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Expediente No. 680012331000200301689-01. Número interno: 20035.
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