Análisis

Legal

Flash extraordinario | 7 de mayo de 2020

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones emitió el Decreto 620 de 2020, el cual subroga el título 17 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, y busca establecer los lineamientos generales para regular las interacciones entre los ciudadanos y la administración pública a través de los medios electrónicos

Este busca principalmente, regular el papel de los distintos actores involucrados en el intercambio de información, a saber: (i) Usuarios de los servicios ciudadanos digitales; (ii) Todos los organismos y entidades que conforman las ramas del Poder Público; (iii) El Articulador (Agencia Nacional Digital); (iv) Los prestadores de servicios ciudadanos digitales; (v) El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; y (vi) Las autoridades que en el marco de sus funciones constitucionales y legales ejerzan vigilancia y control sobre las actividades que involucran la prestación de los servicios ciudadanos digitales.

Ahora bien, para determinar la forma en que se aplicará el Decreto, el mismo ha propuesto una clasificación de los servicios ciudadanos digitales en Servicios Base, que son aquellos servicios fundamentales para la transformación digital del Estado, entre los que se incluye: servicios de interoperabilidad, servicios de autenticación digital y servicios de carpeta ciudadana digital y Servicios ciudadanos digitales especiales, los cuales hacen referencia a servicios innovadores y adicionales a los Servicios de base.

Así, esta norma, tiene como propósito establecer las obligaciones en cabeza de los organismos y entidades que conforman las ramas del Poder Público, de garantizar los servicios ciudadanos digitales, de acuerdo con las directrices de Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, las guías y procedimientos que establezca esta entidad; estableciendo además las principales obligaciones, derechos y deberes del Ministerio de Tecnologías de la información y Comunicaciones, los usuarios, las entidades públicas y el Articulador, para permitir y garantizar la operación de los servicios ciudadanos digitales, tanto de cara a los usuarios como en asuntos internos e interinstitucionales.

Uno de los aspectos más relevantes es la reglamentación sobre el tratamiento de datos personales de los ciudadanos que usen los servicios ciudadanos digitales, para lo cual las entidades involucradas deben: (i) realizar una evaluación del impacto de las operaciones de dichos servicios frente a la protección de datos personales; (ii) efectuar la adopción de un Programa Integral de Gestión de Datos Personales; (iii) designar un oficial de protección de datos; y (iv) atender los lineamientos internacionales referentes al diseño y evaluación del impacto para actualizar, incorporar prácticas y procesos, realizar la adopción de medidas, entre otras gestiones que garanticen el funcionamiento y la mejora del tratamiento de datos personales.

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Decreto No. 620 del 2 de mayo de 2020

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Decreto No. 620 del 2 de mayo de 2020

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