Análisis

Litigios 

Boletín semanal | 3 de septiembre, 2019

En aquellos procesos judiciales en los cuales se profiera un auto mediante el cual declare la falta de competencia y se remita el mismo a una corporación distinta en la cual tuvo su originen, se entenderá que se profirió auto admisorio de la demanda para efectos de la terminación del proceso conativo de cobro y el levantamiento de medidas cautelares

La Sección Cuarta del Consejo de Estado precisó que, cuando en un proceso judicial se discuta un acto administrativo objeto de un proceso de cobro coactivo, y, en el curso del mismo se declare la falta de competencia, ya sea por el factor funcional o de cuantía, se deberá entender, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 100 y 138 del Código General del Proceso, que la declaración de falta de competencia no acarrea la nulidad de las actuaciones surtidas con anterioridad a su determinación, y que, en ese sentido, en aquellos casos en donde sea evidente que se hubiera presentado la admisión de la demanda, se deberá continuar el proceso desde dicha etapa procesal por la corporación competente, lo que implica per se, la terminación del proceso de cobro coactivo y el levantamiento de medidas cautelaras presente en el mismo.

En este sentido, el Consejo de Estado estableció que, en relación a la causal de terminación del proceso ejecutivo denominada “falta de ejecutoria del título ejecutivo”, se ha establecer para su aplicación el momento en el que se presenta la demanda ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin importar que se declare la falta de competencia en el proceso.

Así pues, en caso de presentarse dicho escenario, el Alto Tribunal consideró que a pesar de ello, se deberá dar por terminado el proceso de cobro coactivo y el levantamiento de medidas cautelares, toda vez que, el ejecutante, en el caso en concreto el Municipio de Zona Bananera, debe entender que ya se está surtiendo un proceso en vía judicial en relación con el acto administrativo que sirve de título ejecutivo, y que, en ese sentido, no podría actuarse de manera arbitraria perjudicando las actividades de los contribuyentes por asuntos que están en cabeza de la administración judicial.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia del 10 de febrero de 2019, C.P. Julio Roberto Piza Rodriguez, radicación: 47001-23-33-000- 2015-00083-01 (23592)

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia del 10 de febrero de 2019, C.P. Julio Roberto Piza Rodriguez, radicación: 47001-23-33-000- 2015-00083-01 (23592)
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