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Boletín semanal | 26 de noviembre, 2019

Los cargos de nulidad deben estar asociados a la vulneración de los derechos de quien promueve la acción judicial - La legitimación en la causa por activa también califica el interés de quien promueve la acción

El Consejo de Estado precisó que no existe vulneración del derecho al debido proceso y defensa del garante de una obligación fiscal, en aquellos casos en los cuales no le sean notificados los actos proferidos por la Administración de Impuestos en el marco de la suscripción de un acuerdo de pago, esto es, aquellos mediante los cuales se conceda una facilidad de pago y se decida sobre su vigencia, siempre que no se alegue dicha vulneración por el mismo garante en el marco de un proceso en sede administrativa y/o judicial.

Bajo este entendimiento, en el caso en concreto, esta Corporación revocó la decisión del Tribunal Administrativo del Meta, precisando que no existe vulneración del debido proceso y derecho de defensa alegado por la actora, por la omisión de la DIAN de notificar a la garante la resolución que concedió la facilidad de pago dentro del proceso de cobro coactivo y el acto que la declaró sin vigencia, por incumplimiento en la cancelación de las cuotas pactadas, toda vez que los argumentos de nulidad asociados a la afectación de los derechos de la garante, no se acompasan con el interés legítimo de quien demanda y, no corresponde el concepto de violación con el interviniente de la acción judicial.

Al respecto, el Alto Tribunal consideró que de lo observado en el escrito de demanda y en las actuaciones surtidas ante la Administración, quien intervino procesalmente fue la parte actora, pues es la legitimada para controvertir los actos que dejaron sin efectos la facilidad de pago. Por ello, los cargos de nulidad deben estar asociados a la vulneración de sus derechos, y no a los derechos de la garante de la obligación, ya que esta no compareció en el proceso judicial ni actuó como deudora principal en sede administrativa.

Adicionalmente, dicha Colegiatura determinó que la legitimación en la causa por activa también califica el interés de quien promueve la acción, pues, generalmente, la vulneración de la ley en los actos administrativos particulares debe concretarse directamente por quien la promueve.

En conclusión, el Consejo de Estado consideró que no eran de recibo los cargos de nulidad que formuló la actora en relación con la vulneración del debido proceso que se pudo ocasionar a la garante de las obligaciones, dado que la demandante no está legitimada para obtener la anulación de los apartes que específicamente afecten a la garante, como lo sería la orden de hacer efectiva la garantía.

Consejo de Estado - Sección Cuarta - Sentencia del 14 de agosto de 2019, número interno: 21264, C.P.: Julio Roberto Piza Rodríguez

Consejo de Estado - Sección Cuarta - Sentencia del 14 de agosto de 2019, número interno: 21264, C.P.: Julio Roberto Piza Rodríguez
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