Análisis

Litigios 

Boletín semanal | 10 de marzo, 2020

El Consejo de Estado unificó su tesis sobre el hecho generador de la contribución de los contratos de obra pública, en relación con entidades de esta naturaleza pertenecientes a un régimen especial de contratación

Con ocasión de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho entre ECOPETROL S. A. y la DIAN, el Consejo de Estado se propuso unificar los criterios relativos al hecho generador de la contribución sobre los contratos de obra pública respecto de entidades con régimen especial de contratación. Litigio en el cual, la parte demandante sostuvo que los contratos objeto de discusión correspondían a una serie de actividades relacionadas directamente con la exploración y explotación de recursos naturales, que atienden al desarrollo del objeto social de la Compañía, razón por la cual, en aplicación del artículo 76 de la Ley 80 de 1993, la suscripción de dichos contratos no generaba el referido tributo. 

Sobre la discusión particular, el Alto Tribunal revocó la sentencia de primera instancia proferida por la Sección Cuarta, Subsección “B” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al considerar que los contratos celebrados por Ecopetrol y objeto de discusión en el proceso sí estaban gravados, pues no correspondían a la explotación y exploración de hidrocarburos, sino a un conjunto de obras que tenían por objeto la realización de actividades de construcción, reparación y mantenimiento sobre unos bienes inmuebles, actividades materiales propias de un contrato de obra, pues, pese a que las mismas estaban relacionadas con la actividad de explotación y exploración de petróleo, tales negocios jurídicos no tuvieron por objeto la búsqueda o producción de hidrocarburos, y en este sentido no les es aplicable el artículo 76 ibídem, lo que supone que los referidos contratos son objeto del gravamen.

Al efecto, la Colegiatura precisó que para determinar si se realiza el hecho generador de la contribución de los contratos de obra pública no es determinante el régimen contractual de la entidad que celebre el respectivo contrato, ya sea el régimen general de la Ley 80 de 1993 o el exceptuado, pues el elemento esencial de la obligación tributaria se define en función del contrato celebrado y no de la actividad o régimen jurídico al que pertenezca la entidad de derecho público.

Finalmente, respecto de los contratos de obre pública y los contratos de exploración y explotación de recursos naturales, y las actividades comerciales e industriales, precisó que estas son dos categorías de contratos diferentes, en tanto tienen características y finalidades propias, que impiden que se traten como el mismo contrato.

Consejo de Estado - Sentencia de Unificación del 25 de febrero de 2020, número interno: 22473, C.P.: William Hernández Gómez

Consejo de Estado - Sentencia de Unificación del 25 de febrero de 2020, número interno: 22473, C.P.: William Hernández Gómez
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