Análisis

Litigios 

Boletín semanal | 21 de enero, 2020

El Consejo de Estado reiteró que los entes locales no están autorizados legalmente para imponer sanciones al monopolio rentístico y debe remitirse a las normas nacionales para dichos efectos

En esta ocasión la Sala procedió a decidir sobre la legalidad de los artículos 71 de la Ordenanza 041 de 2002 y 71 del Decreto Ordenanza 0823 de 2003, expedidos por la Asamblea y el Gobernador Departamental del Atlántico, las cuales señalaban que el régimen sancionatorio aplicable al ejercicio de monopolio de licores en el Departamento del Atlántico, sería el establecido en el Estatuto Tributario del departamento.

En ese sentido, la Corporación estudia si dentro de la facultad de administración, control y explotación de los monopolios rentísticos se encuentra la de poder incorporar en su jurisdicción el régimen sancionatorio dispuesto en el Estatuto Tributario Departamental.

Para los efectos, el Consejo de Estado trae a colación que la Ley 788 de 2002 “establece que los departamentos y municipios deben aplicar los procedimientos del Estatuto Tributario Nacional en materia de administración, determinación, discusión, cobro, devoluciones y régimen sancionatorio incluida su imposición, a los impuestos que administran, y los procedimientos administrativos de cobro a las multas, derechos y demás recursos territoriales”.

En ese orden de ideas, señala que el efecto de dicha disposición es que faculta a las entidades territoriales para dos acciones específicas: i) “disminuir” el monto de las sanciones y, ii) “simplificar” el término de aplicación de los procedimientos previstos en el artículo 59 de la Ley 788 de 2002.

Dado lo anterior, la Sala precisó que, si bien a los departamentos se les reconoció la titularidad de la renta del arbitrio rentístico de los monopolios de licores, la autonomía para regular los mismos no es absoluta. En ese sentido, señala que las entidades territoriales cuentan con un poder tributario derivado, y, “comoquiera que la remisión al régimen sancionatorio departamental contraviene el principio de legalidad, pues las normas superiores que regulan la materia no autorizaron su aplicación, procede la nulidad de las normas acusadas”. 

Consejo de Estado - Sección Cuarta - Sentencia del 24 de octubre de 2019, número interno: 22846, C.P.: Stella Jeannette Carvajal Basto

Consejo de Estado - Sección Cuarta - Sentencia del 24 de octubre de 2019, número interno: 22846, C.P.: Stella Jeannette Carvajal Basto
¿Le pareció útil este contenido?