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La clave está en no frenar el armado de proyectos

La caída mundial en los precios del petróleo y los recortes que año con año ha sufrido el gasto público del país ha provocado que algunos de los proyectos de infraestructura que se tenían pensados al inicio del sexenio aún no se hayan concretado.

La apuesta que en un principio hizo esta administración por realizar obra pública con recursos propios, pensando que contaría con la inversión suficiente para ejecutarla, dejó en un papel secundario la participación de la iniciativa privada en muchos desarrollos.

En entrevista con Mauricio Costemalle, Socio de Finanzas Corporativas en Deloitte México.

Ciudad de México, 11 de julio de 2017.

Sin embargo, ante un escenario de recursos limitados, la estrategia del gobierno ha empezado a cambiar y ha regresado poco a poco a buscar la participación de los privados para la realización de estos proyectos, a través de diversos esquemas.

Nuestro país ha venido desarrollando, a través de los años, los diferentes elementos que se requieren para financiar proyectos de infraestructura, y ahora tenemos las instituciones y recursos (fondos, bancos, etc.) para financiar su desarrollo. Esto permite a la iniciativa privada ejecutar las iniciativas.

Y es que coyunturalmente puede existir una falta de recursos (públicos) y una necesidad de cambio en el esquema de estructuración, pero lo que no puede dejar de haber es una definición y armado de proyectos, pues son desarrollos que podrían estarse concretando en un plazo de tres a cinco años.

Armar un proyecto de infraestructura es uno de los procesos que toma más tiempo al momento de planear una nueva obra, por lo que es importante que aunque ahora no se cuenten con los recursos necesarios para efectuarla, sea una actividad que el gobierno no deje de realizar.

La falta de recursos no debe ser una limitante para que el gobierno deje trabajar en la planificación de desarrollos de obra pública.

Población, la más afectada

La falta de infraestructura es un fenómeno generalizado, presente en todos los rubros del país. No obstante, existe un sector al que sin duda la caída de la inversión pública ha afectado de una manera mucho más directa.

Se trata de la población que no tiene al alcance los servicios públicos que necesita, en los lugares en donde deberían estar, y cuya calidad de vida se reduce. Personas que, por ejemplo, no tienen un hospital cerca y que, por ende, deben esperar más tiempo o trasladarse a otro lugar para ser atendidos.

El déficit de obra pública es, sin duda, una situación que va en perjuicio directo de los servicios que recibe la población.

Ante la falta de recursos, ¿cuáles son las opciones?

Si bien el recorte en el gasto público ha modificado la ejecución del plan de infraestructura que se planteó al inicio de la actual administración, el gobierno aún cuenta con todos los elementos legales y financieros para el desarrollo de la misma, para ello tendrá que seleccionar las opciones de estructura, en muchos casos con la participación de la iniciativa privada, que mejor se adapten a las condiciones actuales.

Con la posibilidad que se abrió para la participación de las Afores en Infraestructura a través de los CKDs, con el apoyo que el Fondo Nacional de Infraestructura da a los proyectos y una banca de desarrollo y privada que ha venido financiando proyectos de infraestructura de diversas naturalezas y formas, los elementos están dados para que proyectos bien armados encuentren financiamiento. Muy probablemente de una manera diferente a como hubiera sido en el pasado.

Ejemplo de esto es la forma como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ha desarrollado un esquema novedoso (en México) para que la iniciativa privada compita por hacerse cargo de la rehabilitación y mantenimiento de tramos de la red federal de carreteras.

En estas nuevas estructuras, con un diseño y armado correcto, les permitirán a los participantes privados medir, y en su caso aceptar riesgos que antes no tomaban y obtener rendimientos asociados a ese riesgo, descargando a la autoridad del financiamiento y la ejecución de estos trabajos.

Ejemplo de esto es la forma como la SCT ha desarrollado un esquema para que la iniciativa privada compita por hacerse cargo de la rehabilitación y mantenimiento de tramos de la red federal de carreteras.

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