Obra Pública

Comunicado de Prensa

Se firma reforma a la Ley de Concesión de Obra Pública con Servicio Público

Este 18 de julio el Presidente de la República Carlos Alvarado firmó la Ley 9701 “Fortalecimiento de Modelos Eficientes de Asocio entre el Sector Público y Privado para el Desarrollo de Obra Pública”, aprobada en segundo debate en la Asamblea Legislativa el 11 de junio de 2019. Esta iniciativa crea nuevos esquemas que permitirán impulsar mecanismos de financiamiento en infraestructura pública y mejorar el modelo de gestión para el desarrollo de obras.

Federico Villalobos, socio y líder de la región en Infraestructura & Proyectos de Capital de Deloitte, destacó los principales elementos que trae consigo esta nueva reforma a la ley:

  1. Crea un fondo de preparación de proyectos que permitirá generar una cartera de proyectos de concesión (asocios públicos privados), con sus respectivos estudios de pre y factibilidad, fundamentales para tener proyectos exitosos. Es decir, se contará con recursos para desarrollar lo estudios técnicos y otras actividades previas que permitan generar una cartera de proyectos comercial y financieramente sólidos.

    Para la creación del fondo de preinversión, se traslada un 2% del total que recauda el impuesto del derecho de circulación o impuesto al ruedo (que hoy genera cerca de $300 millones por año, de los cuales el 50% va al Conavi, el restante 50% tiene otros destinos). Esto equivale a aproximadamente $6 millones anuales y se aportará durante 10 años.
  2. Se le otorga al Consejo Nacional de Concesiones (CNC) la responsabilidad de capacitar a su personal y al de otras instituciones del Estado en el desarrollo de proyectos de concesión (APP), con el fin de generar una capacidad institucional que venga a fortalecer y acelerar los proyectos de esta naturaleza. Para ello, esta ley permite destinar hasta 10% de los recursos del fondo de preinversión.
  3. Se introduce el modelo de reciclaje de activos. Este modelo permite la concesión de un activo existente, de manera que el sector privado reconozca al Estado una contraprestación inicial o periódica por el derecho que se le otorga de explotar dicho bien, comprometiéndose a su vez al mantenimiento y mejora permanente.

    Con base en el análisis de 31 países seleccionados, el Fondo Monetario Internacional (FMI), en su informe Monitor Fiscal, estimó que la infraestructura y terrenos de propiedad pública tienen un valor que ronda el 65% del PIB. Esta cifra debe hacernos reflexionar sobre la oportunidad de potenciar los activos existentes por medio del reciclaje de activos, donde la contraprestación inicial o periódica por el derecho a la concesión del activo que el sector privado reconoce al Estado, deberá utilizarse para el desarrollo de nueva infraestructura en el área de influencia del activo dado en concesión. De esta manera, se abre una nueva fuente de ingresos y se promueve el mercado de valores local, al proveer a los inversionistas proyectos en línea con el perfil de riesgo de sus portafolios, y se incentiva el desarrollo de nueva infraestructura con enfoque local.
  4. Le otorga la facultad al CNC de efectuar alianzas con instituciones como CINDE para la promoción local e internacional de los proyectos de concesión. Esto permitirá transferir al desarrollo de concesiones las lecciones aprendidas y experiencia exitosa del sector de comercio de exterior y atracción de inversión extranjera directa.
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