Perspectivas

Echar mano de la concesión de obra pública

Federico Villalobos, Director de Asesoría Financiera

Para salir del rezago en infraestructura, será necesaria la acción entre lo público y lo privado.

Finalizado el proceso electoral, el país debe retomar de inmediato la discusión de la urgente necesidad de modernizar la infraestructura económica (transportes, energía, telecomunicaciones) y social (agua, saneamiento, escuelas, hospitales). Para ello, será necesaria la acción conjunta entre el Estado y la empresa privada, no solo por la necesidad de recursos, sino, también, en procura de la eficiencia de la inversión pública.

El panorama es positivo tanto en el Congreso como en el Ejecutivo porque el presidente electo ha reiterado su apoyo a los modelos de asociación público-privada (APP). En este contexto, es valioso analizar algunos elementos claves para relanzar un robusto programa de concesión de obra pública que permita sentar las bases para atender el rezago histórico en infraestructura durante los próximos años.

1. Preparación sobre inauguración. Las soluciones deben estar enmarcadas en una visión de más de cuatro años y romper con el cortoplacismo y la improvisación que nos ha caracterizado para dar espacio a serios procesos de preinversión. Como expuse en un artículo previo (La Nación, 17/3/2018), el adecuado cumplimiento de las fases de expropiación, estudios previos y relocalización de servicios constituyen el eje central para convertir las ideas en proyectos y, en el caso de la concesión de obra pública, el camino para la estructuración de proyectos técnica y financieramente viables.

En este sentido, tanto las nuevas autoridades como los ciudadanos debemos entender que, si bien las decisiones deben ser inmediatas, los resultados no necesariamente se materializarán a corto plazo. De este modo, el gobierno no debe ser evaluado exclusivamente en función de cuántas inauguraciones, sino además por el avance en la maduración de los proyectos estratégicos. Enfocarnos en inauguraciones aleja la vista de los factores fundamentales para salir del rezago.

2. Más allá de proyectos de peaje. La concesión de obra pública debe darse en un esquema de contratación donde la empresa privada asume un papel de accionista (no de proveedor) con remuneración basada en resultados y donde el objetivo primario que debe perseguir el Estado es la eficiencia producto de la innovación del concesionario y de los riesgos que son trasladados a este (atrasos, sobrecostos, etc.). Bajo esta premisa, la concesión no es exclusiva de grandes proyectos que basan su fuente de repago en el cobro de tarifa.

La gran mayoría de las economías modernas recurren a figuras APP tanto en proyectos que se repagan con tarifas como proyectos con cargo al presupuesto público. En Noruega, por ejemplo, el modelo se basa en contratos de 20 a 30 años en los cuales el sector privado asume las responsabilidades y los riesgos de financiamiento, diseño, construcción, operación y mantenimiento. El Estado (no por medio de peajes) efectúa los pagos al concesionario con base en disponibilidad, niveles de operación, mantenimiento, seguridad y, en algunos casos, con base en el nivel de flujo vehicular. Ya nuestra ley de concesiones permite el uso de este tipo de figuras.

3. Impulsar el mercado de valores. En años recientes, el país se centró en un debate técnicamente equivocado, donde se establecía una suerte de competencia entre la concesión y el fideicomiso.

En el relanzamiento de la concesión de obra pública debemos entender que los modelos APP implican la participación de numerosos actores y la aplicación de diversos instrumentos que más que sustitutos son complementos necesarios para la ejecución de proyectos exitosos. Mientras los concesionarios aportan capital de riesgo y experiencia en el sector, el restante de los recursos necesarios para el desarrollo de los proyectos deberá provenir del sector financiero.

En este punto, es fundamental emprender las acciones para convertir al mercado de valores costarricense en un motor del programa de concesiones, que permita no solo actuar como canalizador de recursos locales, sino, también, que facilite la transparencia y la democratización de los proyectos al permitir el acceso de los costarricenses a estas oportunidades de inversión. Para esto, será importante un acompañamiento técnico a los actores del mercado y el impulso de figuras como los fondos de infraestructuras y los fideicomisos que contribuyan a brindar seguridad y confianza a los inversionistas.

4. Reposicionamiento internacional. El Infrascope 2017, publicado por The Economist, coloca a Costa Rica en el puesto 11 de 19 países evaluados con relación a las condiciones como destino de inversión en infraestructura, superados en Centroamérica por Nicaragua, El Salvador y Honduras. En este contexto, es necesario aprovechar las capacidades y la experiencia que han consolidado el éxito en los procesos de apertura comercial y la atracción de inversión extranjera directa (IED).

Es valioso explorar potenciales sinergias entre el sector infraestructura con instituciones como la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde) y la Promotora de Comercio Exterior (Procomer). Esto permitiría el reposicionamiento de Costa Rica como destino de inversión, la industria de las APP y, por ende, la adopción de las mejores prácticas internacionales y la promoción de procesos licitatorios altamente competitivos.

5. Transparencia y formación de capacidades. La confianza es la piedra angular del relanzamiento de la concesión de obra pública. Para ello, es necesario que toda la información del programa de concesiones se encuentre a un clic de distancia, permitiendo a todos los ciudadanos conocer el estado de las fases preparatorias de los proyectos, cuánto se invertirá y por qué, a quién se contratará, cómo se pagará al concesionario, etc. Esto, además de transparentar los procesos, facilita la rendición de cuentas con relación al avance sobre la línea estratégica a largo plazo.

Asimismo, la política de transparencia debe acompañarse de un esfuerzo sostenido que permita a los actores público y privado contar con capacitación y soporte técnico en la estructuración y seguimiento de iniciativas de concesión tanto desde el Estado como desde la empresa privada.

Si bien la concesión no será el único mecanismo para el desarrollo de obra pública, su utilización será importante para romper décadas de limitada inversión y brindar las condiciones para una mejor calidad de vida para los ciudadanos y una mayor competitividad para el sector productivo. Es hora de dar el paso. En un futuro artículo analizaremos potenciales modificaciones al marco institucional.

Publicado en La Nación
12 de abril de 2018 

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