Perspectivas

Infraestructura más allá de cuatro años

Federico Villalobos, Director de Asesoría Financiera

Resolver el rezago en infraestructura es prioritario para el país, por su importancia no solo para la competitividad, sino también para la calidad de vida de los ciudadanos.

Costa Rica necesita tomar decisiones para superar los grandes retos que la separan de mayores niveles de desarrollo socioeconómico. Dentro de estos, resolver el rezago en infraestructura es prioritario, dada su importancia no solo para la competitividad, sino también para la calidad de vida de los ciudadanos.

En este contexto, el país debe avanzar hacia la construcción de un acuerdo nacional que se fundamente en la técnica, las mejores prácticas internacionales y, sobre todo, en una clara visión del país.

Costa Rica continúa pagando el alto costo de “construir y olvidar”

Establecer una política de Estado. Definir una línea estratégica constituye el elemento en el que más rápido podemos ponernos de acuerdo, pero para ello es crítico empezar por romper el paradigma del corto plazo y entender que la infraestructura posee un horizonte que supera los cuatro años. Junto con esto, debemos plantearnos algunas preguntas medulares: ¿Queremos un país que privilegie el transporte público con energías limpias? ¿Queremos un país donde los productos puedan transportarse sin parada alguna entre los principales centros logísticos? ¿Un país donde movilizarnos de un punto a otro de la GAM no implique más de un determinado tiempo por kilómetro? ¿Un país donde los espacios públicos promuevan la integración de la sociedad? Y, además, preguntarnos: ¿Queremos desarrollar la infraestructura de manera eficiente y en línea con la sostenibilidad fiscal sin sesgo sobre uno u otro tipo de mecanismo?

Una vez definida esta estrategia, podremos evaluar a las autoridades de turno no por cuántos proyectos inauguran, sino por el avance en un norte establecido para construir la Costa Rica del futuro.

Fortalecer la preinversión. Dejando de lado la “inauguración” como el indicador de desempeño de los gobiernos, se abren los espacios para la consolidación seria de los procesos de preinversión. Esto significa dedicar los recursos necesarios para desarrollar sólidos estudios previos, consultar a las comunidades implicadas en el proyecto, el inicio con adecuada antelación de los procesos de adquisición o expropiación de terrenos y la relocalización de servicios públicos. De esta manera, atacamos de raíz los problemas recurrentes de atrasos y sobrecostos que han pasado una elevada factura en términos de calidad de los servicios y de impacto en las finanzas públicas. Asimismo, a los inversionistas locales y extranjeros, que ponen los ojos en el país para establecer o ampliar iniciativas empresariales, les enviamos una señal de seriedad. Una señal de un país que ha decidido dar el paso hacia una ejecución rigurosa y programada de los proyectos que potenciarán la competitividad de la economía y la calidad de vida de los ciudadanos.

Visión de ciclo de vida. Costa Rica continúa pagando el alto costo de “construir y olvidar”, y hereda a las futuras generaciones el costo de reconstruir y modernizar proyectos obsoletos y en muy malas condiciones. Ya todos nos hemos acostumbrado a ver cómo los proyectos son inaugurados e inmediatamente entran en un estado de deterioro. En esta nueva visión, debemos dar el paso hacia una estructuración de planes considerando todo el ciclo de vida, es decir, diseño, construcción, mantenimiento, operación y riesgos inherentes.

Con este cambio, las obras no se limitarán a su costo de construcción, sino que las instituciones deberán programar todos los elementos que garanticen un adecuado nivel de servicio a mediano y largo plazo.

Fondeo de la infraestructura. El impuesto único a los combustibles (Ley 8114) y el impuesto sobre la propiedad de vehículos (Ley 7088) generan al fisco cerca de $1.200 millones anuales. Sin embargo, solamente cerca de un 40 % de estos recursos se destinan a instituciones vinculadas al desarrollo de infraestructura (como Conavi o las municipalidades). Entonces, ¿cuáles serán las fuentes de ingreso para pagar la infraestructura que el país necesita? Aquí es donde la solución del rezago debe ir de la mano de la discusión fiscal. Además de poner sobre la mesa la potencial redefinición de las prioridades de inversión del Estado, se deberán considerar nuevas fuentes de ingreso. Estas podrían provenir de nuevos tributos, el pago de tarifas (peajes en carreteras) y esquemas alternativos como la captura de una parte del valor de las propiedades beneficiadas y el reciclaje de activos para generar recursos de proyectos ya en operación. El reciclaje o aprovechamiento de activos consiste en concesionar a una empresa privada un proyecto que ya el Estado ha construido, donde la empresa ganadora del concurso paga al Estado un monto inicial y se encarga por un largo plazo (20-30 años) del mantenimiento y operación del proyecto. De esta manera, el Estado genera nuevos recursos que podrá invertir en otras obras necesarias a la vez que garantiza la gestión de ciclo de vida del proyecto. Este tipo de esquemas innovadores serán vitales para que los gobiernos puedan avanzar sobre la línea estratégica.

Financiamiento de la infraestructura. Junto con las fuentes de ingreso, el acuerdo nacional debe tener claro los modelos de financiamiento y gestión que utilizará, en línea con una asignación eficiente de riesgos entre el Estado y la empresa privada. Típicamente, el Estado contrata a una empresa privada para el diseño, a otra para la construcción y, años después, a otras para mantenimiento o ampliación. En este modelo, el sector privado es un proveedor, cumple las tareas contratadas, pero sin asumir riesgos a lo largo de la vida del proyecto. Si bien este modelo seguirá siendo aplicado en algunas obras, el mundo se mueve hacia la contratación por resultados, por medio de asocios, donde la generación de utilidades del sector privado está ligada a que los proyectos se desarrollen en tiempo, sin sobrecostos y brindado en su operación altos estándares de servicio.

La selección del modelo óptimo depende de las características de cada proyecto y para ello el país debe promover metodologías ampliamente probadas alrededor del mundo.

El establecimiento de un acuerdo por la infraestructura es crítico para la construcción de los pilares fundamentales de la Costa Rica del futuro. Para ello, junto con los elementos técnicos planteados, es necesario recobrar la confianza de los ciudadanos e inversionistas, potenciando acciones que garanticen que absolutamente los datos en torno a proyectos de infraestructura estén a un clic de distancia, pues serán clave para evaluar el avance sobre la línea estratégica.

El país cuenta con todos los elementos necesarios para dar el paso hacia una infraestructura moderna que nos consolide y potencie como una nación ejemplar en el mundo. Es tiempo de dar el paso.

Publicado en La Nación
17 de marzo de 2018 

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