Comunicado de Prensa

Sala Constitucional falla en contra de cobro de deudas tributarias antes de agotar vía administrativa

Expertos de Deloitte cuestionaron la constitucionalidad de la reforma al artículo 144 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios sobre la tesis de que atentaba contra el acceso a la justicia, derecho de defensa y debido proceso de los contribuyentes.

San José, Junio 2016 — La Sala Constitucional declaró con lugar una acción de inconstitucionalidad elaborada por expertos de la firma Deloitte, contra la reforma al artículo 144 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios realizada en el 2012 y mediante la cual se obligaba a que, tras una acción fiscalizadora por parte de la Dirección General de Tributación, el contribuyente tuviera que enfrentar el pago de una obligación tributaria aunque no se hubieran agotado aún las instancias administrativas.

Antes de la reforma, un contribuyente que enfrentaba una acción fiscalizadora, era notificado mediante un Acta de Conclusión si se detectaban inconsistencias en sus declaraciones. Tras esa notificación podía aceptar los cargos y regularizar, o continuar con un reclamo por la vía administrativa; para ello la Administración Tributaria le realizaba un traslado de cargos en el cual se determinaba una obligación tributaria (monto a pagar). La empresa o persona podía realizar un reclamo administrativo en un plazo de 30 días, así como plantear un recurso de revocatoria; de no estar conforme con los resultados en esa vía, podía elevar el caso ante al Tribunal Fiscal Administrativo y, eventualmente, en caso de no prosperar sus argumentos, se veía obligado a realizar el pago de la deuda tributaria a partir de la firmeza del fallo de dicho Tribunal.

Con la reforma al artículo 144 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, el procedimiento se había reducido tras una acción fiscalizadora: la Administración Tributaria convoca al contribuyente a una audiencia en la que le informa los resultados preliminares mediante una Propuesta Provisional y pone a su disposición el expediente. A partir de ahí, el administrado tiene un plazo de apenas 10 días para presentar sus alegatos, y en caso de ser rechazados por la Administración, esta hace un Propuesta Definitiva de Ajuste y da al contribuyente un plazo de 5 días para regularizar su situación o rechazar los cargos. Es justo al final de ese plazo, donde con la reforma, surgió una nueva figura llamada Acto de Liquidación de Oficio (ALO) que una vez emitido obligaba a que los contribuyentes tuvieran que pagar a más tardar en 30 días la deuda tributaria; esto a pesar de que el proceso continuaba en sede administrativa. (Ver infográfico comparativo de procedimientos antes y después de la reforma).

Esta reforma limitaba el acceso a la justicia y afectaba el derecho fundamental al debido proceso porque obligaba al contribuyente a pagar o a rendir una garantía mientras ejercía aún su defensa en vía administrativa, sobre una deuda que aún no se encontraba en firme.

Ante el fallo de la Sala, Alan Saborío, Socio Director de Deloitte señaló que “nos sentimos profundamente satisfechos, después de muchos intentos pues nuestra acción de inconstitucionalidad fue la primera en ser aceptada y que abrió camino a otras acciones posteriores así como a varias co adyuvancias. El fallo de la Sala es un triunfo para las garantías de los contribuyentes. Viene a eliminar una arbitrariedad que generó la reforma al artículo 144 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, e impedirá que la Administración Tributaria siga cobrando sumas que no estaban en firme, incluso, quebrando empresas por adeudos que no se habían podido discutir debidamente. El fallo marca un hito, ahora tendremos que esperar la resolución completa para ver cómo dimensiona este fallo aspectos tales como los intereses, caducidades y prescripciones.”

La acción de inconstitucionalidad se presentó el 24 de julio del 2014 y desde el momento en que la acción se admitió para estudio (14 de agosto de 2014), por disposición de la misma Sala Constitucional, la Administración Tributaria quedó inhabilitada para continuar emitiendo Actos de Liquidación de Oficio (ALOs) a los contribuyentes, y por lo tanto, no podía ejecutar cobros ni continuar con el procedimiento administrativo. Además, quedaron anulados los ALOs emitidos antes de la admisión de la acción de inconstitucionalidad y que fueron objeto de impugnación.

Esto generó una gran cantidad de procesos que quedaron paralizados y que tendrán que determinarse ahora no solo el procedimiento a seguir, sino también las particularidades de cada caso (cálculo de intereses, opciones para cancelaciones, arreglos de pago o garantías).

Infográfico comparativo de procedimientos antes y después de la reforma

Did you find this useful?