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DGT aclara criterios para la implementación de factura electrónica

20 de julio de 2018

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El pasado 18 de julio de 2018 se publicó el oficio DGT-580-2018, en el cual la consultante,  una sociedad anónima que se dedica a la actividad de financiamiento generado por el ingreso correspondiente al cobro de los intereses que produce la colocación de las tarjetas de crédito de su representada entre sus propios clientes, pregunta a la Dirección General de Tributación (DGT) si por su naturaleza, se encuentra en la obligación de implementar la facturación electrónica o si por el contrario, su actividad se considera una entidad financiera ,y por lo tanto, estaría exenta de la obligación.

La DGT aclara que las entidades financieras son aquellas que llevan a cabo intermediación financiera y son controladas por la SUGEF, ya que gozan de un control incluso mayor que el que pudiera brindar la Administración Tributaria, a causa del interés público que tienen y su masividad.

La naturaleza de la sociedad de la consultante no concuerda con la definición de entidad financiera puesto que no es controlada por la SUGEF ni lleva a cabo intermediación financiera, por lo cual sí se encuentra sujeta a implementar la facturación electrónica.

Así mismo, establece el oficio DGT-752-2018, publicado también con fecha del 18 de julio, que respecto a las cooperativas que realizan actividad comercial ajena al fin social para el cual fueron creadas – es decir, cuando realizan actividad lucrativa-, es criterio de la Procuraduría General que se sitúan en la condición de sujeto pasivo del impuesto sobre la renta, al configurarse respecto de ellas el hecho generador previsto en el artículo 1° de la Ley 7092, que es la percepción de utilidades derivadas del ejercicio de una actividad lucrativa, correspondiendo consecuentemente a la administración tributaria determinar el porcentaje de la actividad de la cooperativa que se califica como lucrativa, a fin de establecer el monto del impuesto sobre la renta de manera proporcional, sin que ello violente el principio de no sujeción previsto en el inciso d) del artículo 3 de la Ley de Impuesto sobre la Renta.

En el caso de este tipo de cooperativas y conforme con el criterio expuesto por la Procuraduría General de la República, las mismas ostentan el carácter de sujetos pasivos del impuesto sobre la Renta, por cuánto ejercen una actividad comercial “lucrativa” y por tanto, de acuerdo al criterio de la Dirección General de Tributación, también se encentran sujetas a la implementación de la facturación electrónica.

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