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Cambios relevantes que propone el proyecto de reforma del Reglamento de Procedimiento Tributario

2 de junio de 2015

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A un año de haber sido emitido el Reglamento de Procedimiento Tributario se pretenden introducir algunos cambios que, según se indica en los considerandos del proyecto de reforma, su intención precisar algunos elementos del reglamento actual, tal como procedimientos, conductas y plazos, así como simplificar procesos “en beneficio de los obligados tributarios”. En este sentido, las principales modificaciones serían las siguientes:

  • Incluyen las licitaciones y otros procesos de contratación administrativa en los requisitos generales para conceder exenciones.
  • Amplia y precisa aspectos relacionados con responsabilidad por deuda propia, ajena y solidaria.
  • Mantiene los supuestos establecidos en el CNPT sobre responsabilidad por deuda ajena, pero precisa sobre los representantes y liquidadores. La extiende a intereses y sanciones en el caso de los representantes y administradores de personas jurídicas y entes colectivos.
  • El responsable solidario responde con su patrimonio personal.
  • Limita la responsabilidad a deudas líquidas y exigibles en los casos de traspaso de establecimiento mercantil, sucesiones (o sucesores), socios y accionistas de personas jurídicas que serán liquidadas, así como propietarios de  Sociedades de Responsabilidad Limitada,
  • Excluye de la responsabilidad solidaria las deudas generadas por infracciones administrativas del anterior titular.
  • Introduce la dación, como forma de extinción de la obligación, pero sujeta a que se defina la utilidad de los bienes y un plan de uso por parte de una o varias instituciones del gobierno central. 
  • Los agentes recaudadores, deberán suministrar información de ingresos por concepto de tributos y obligaciones accesorias, conforme se establezca en el convenio de recaudación. El Reglamento actual lo exige diariamente.
  • Se amplía de 10 días a un mes, la obligación para registrar la inscripción, modificación y desinscripción de los obligados tributarios. En caso de incumplimiento en el primero y último de los deberes, remite al artículo 78 del CNPT sobre infracciones administrativas.
  • La misma reforma  se propone para la acreditación de apoderados, omisión en la obligación de inscripción y en la de comunicar el cambio de domicilio fiscal
  • Se mantiene la posibilidad del contribuyente de acreditar a los apoderados pero se faculta a la Administración para que lo puede hacer de oficio.
  • En la actualidad la Administración Tributaria puede publicar  la lista de morosos, condición que se adquiere a partir de que la deuda es líquida y exigible (a partir del ALO), salvo que se haya acudido a la jurisdicción contenciosa administrativa. La reforma elimina esa excepción de manera que la presentación de una demanda no elimina o suspende la condición de moroso.
  • Se elimina la aplicación del  artículo 102 del Código (petición fundamentada a la Administración Tributaria) a los supuestos de devolución o compensación de créditos. No indica la vía para plantearlo.
  • Permite el traslado de la Administración Tributaria de origen a otra bajo dos supuestos: razones de conveniencia, acuerdo entre ambas Administraciones.
  • Elimina la fase recursiva de  las liquidaciones practicadas por la Administración Tributaria que hoy se sujeta a determinados presupuestos.
  • Sustituye los efectos tradicionales de la liquidación previa y establece la posibilidad de que existan varios procesos previos y definitivos. En el primer caso limitado a aspectos distintos al proceso en curso. En el segundo se suspenden y acumulan las liquidaciones previas en curso que traten los mismos puntos.
  • Propone parámetros relacionados con las circunstancias determinantes de las conductas que se tipifican como infracción en el artículo 81 del CNPT (infracciones materiales por omisión, inexactitud o por solicitud improcedente de compensación o devolución, o por obtención de devoluciones improcedentes).
  • Mantiene diversos mecanismos de recaudación. Introduce la participación de la Tesorería Nacional para que, junto con la Administración Tributaria, defina la forma en que se debe cumplir con las obligaciones materiales.
  • Limita las garantías a dos: primera demanda o compromiso incondicional de pago, y el aval bancario o fianza emitida por una institución financiera.
  • Abre la posibilidad a las personas que tengan un pasivo trasladado en cobro judicial, para que entre en arreglo de pago.
  • Simplifica las situaciones financieras transitorias al permitir que la Administración Tributaria fraccione el pago siempre que  lo justifique la situación económico-financiera del contribuyente.
  • Precisa el procedimiento para solicitar y otorgar facilidades de pago. Sustituye la casuística actual por una normativa genérica aplicable a cualquier caso. Introduce rangos de deudores no establecidos en el ordenamiento jurídico, ni indica quién dispondrá de dichos rangos.
  • Elimina recursos a las facilidades de pago, por ser una potestad de la Administración.
  • El incumplimiento de una mensualidad en los casos en que hay arreglos de pago, permite la revocatoria del acuerdo. Actualmente se dan tres días de gracia.
  • Se elimina el silencio positivo en los casos de solicitud de compensación.
  • Para el artículo 209 se introduce un párrafo en el cual se establece que el contribuyente es el responsable por vigilar la compensación y si se conoce de un crédito que no procedía, debe comunicarlo a la Administración Tributaria. Esta disposición lo hace corresponsable del acuerdo de compensación
  • En las compensaciones y devoluciones por pago debido o indebido, si hay “dilación atribuible al contribuyente”, no se reconocen intereses.
  • Para recuperar saldos acreedores reconocidos en sentencia judicial se debe acudir primero al Tribunal Contencioso Administrativo, salvo que este ordene expresamente a la Administración Tributaria realizar la liquidación del crédito.
  • La Administración Tributaria decide en los supuestos en que existe diferencias sobre a quién corresponde la devolución de lo pagado.
  • Amplía la devolución a situaciones más allá de los supuestos del Impuesto General Sobre las Ventas. Introduce el concepto de impuestos de traslación jurídica.

El proyecto actualmente se encuentra en fase de consulta, sin embargo, de todos los cambios propuestos resultan de especial relevancia aquellos pertinentes a responsabilidad, condición de morosidad, eliminación de fases recursivas por liquidaciones practicadas por la administración tributaria y limitaciones a las formas de rendición de garantías.

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