Columna Tributaria

Perspectivas

La importancia de los principios constitucionales tributarios

Por Marcelo Guevara, Consultor Senior de Impuestos & Legal, Deloitte Costa Rica

La crisis fiscal que atraviesa nuestro país implica un esfuerzo adicional de la Autoridad Tributaria a efectos de aumentar la recaudación de tributos. Es incuestionable la obligación constitucional que ostentamos todos los ciudadanos de aportar -según nuestra capacidad económica- para el sostenimiento de la cargas públicas. Sin embargo, la crisis de liquidez que aduce el Poder Ejecutivo no puede implicar un menoscabo en los derechos y garantías de los contribuyentes, materializado en actuaciones de la Administración Tributaria. En un Estado de Derecho, la voracidad y la arbitrariedad no son de recibo bajo ninguna circunstancia. Entonces, en el contexto actual, el estudio y análisis de los principios jurídicos tributarios resulta fundamental, sobre todo cuando consideramos que las disposiciones fiscales inciden en todos los casos en el patrimonio de los ciudadanos. Justamente, los principios constitucionales tributarios son el límite que puede determinar una actuación del Fisco como ilegítima; verbigracia, el intentar aumentar la recaudación tributaria por medio de la arbitrariedad y el abuso a los contribuyentes.

Entre los principios materiales (relacionados al contenido de las  normas tributarias) podemos mencionar los principios de generalidad, igualdad, capacidad contributiva, no confiscatoriedad y progresividad. Cada uno de ellos tiene un importante desarrollo doctrinal y jurisprudencial, pero se sintetizan en que todos los ciudadanos debemos contribuir al sostenimiento de las cargas públicas, de manera progresiva de acuerdo a nuestra capacidad económica y en ningún caso los tributos deben atentar sustancialmente contra nuestro patrimonio. En cuanto a los principios formales (relacionados al procedimiento de formación de las normas tributarias), debemos mencionar el principio de reserva legal, que demanda que los tributos tienen que ser creados mediante una ley formal emanada de la Asamblea Legislativa.

Tal y como ya hemos analizado en esta columna, la sentencia de la Sala Constitucional No. 12496-2016, del 31 de agosto de 2016, de manera unánime declaró inconstitucionales los artículos 144 y 192 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, así como los artículos 182 y 183 del Reglamento de Procedimiento Tributario. Dichas normas, en esencia, habilitaban a la Administración Tributaria a cobrar determinaciones de oficio sin que un tribunal imparcial revisara de previo sus actuaciones, lo cual resultaba contrario a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Respecto a los principios tributarios, conviene resaltar un extracto de la sentencia, donde se analiza el contexto nacional y se concluye lo siguiente: “De ahí la importancia de la constitucionalización de los principios en materia tributaria que protegen el patrimonio de los habitantes de la República frente a la voracidad fiscal del Estado y el ejercicio indebido de las potestades de imperio que el ordenamiento jurídico le asigna a la Administración Tributaria”.

En este brillante análisis, la Sala Constitucional es tajante al consagrar los principios tributarios dentro de nuestro ordenamiento jurídico, limitando adecuadamente las pretensiones recaudatorias de la Administración Tributaria y reconociendo que la voracidad fiscal es un peligroso intruso que merodea constantemente las relaciones entre el Fisco y los contribuyentes.

Publicado en Diario Extra
6 de agosto de 2017

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