La Colaboración Público-Privada, clave para la recuperación de España

La enorme apuesta de la Unión Europea, que en gran medida aboga por convocar a todos los agentes de desarrollo en torno a proyectos ágiles, de alto impacto y de fácil ejecución, presenta un reto para la cooperación y la colaboración entre las Administraciones Públicas y el sector privado en España.

Las expectativas que han generado los fondos del programa Next Generation EU (NGEU) no resultan exageradas. Los países del bloque europeo son conscientes de la urgencia de éstas para impulsar la recuperación económica. No obstante, este flujo de liquidez necesita de la colaboración público-privada para consolidar y facilitar procesos eficientes.

En España, los acuerdos de colaboración público-privada tienen claroscuros evidentes. Aunque se ha probado con proyectos exitosos que este tipo de acuerdos generan un desarrollo económico de alto impacto, los tiempos de tramitación son lentos, planteando así uno de los principales retos para la ejecución de los fondos del NGEU.

El punto anterior cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que los fondos que provienen de la UE tendrán que ejecutarse en muy poco tiempo. Uno de los ejemplos más claros de esta situación se da en los proyectos público-privados dentro del Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR), donde el plazo medio desde la planificación de un desarrollo hasta su efectiva disponibilidad puede alcanzar los 10 años.

Una actualización necesaria

La necesidad de afianzar los vehículos de colaboración público-privada pasa principalmente por generar condiciones procedimentales y de seguridad para que el sector privado asuma el riesgo de entrar en estos proyectos.

Las cifras no son menores. Los fondos europeos vinculados al proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2021 alcanzan los 26.634 millones de euros y tendrán que estar destinados a materializar una recuperación sólida y duradera. Para lograrlo, resulta clave que el tejido social y económico sea impactado de manera notable por los efectos de estas inversiones.

En este sentido, para poder optar a los 140.000 millones de euros que, entre préstamos y subvenciones, ofrecen los fondos europeos, El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno español debe responder a los cuatro ejes vinculantes de esta inversión nunca antes vista en la Unión Europea: transformación digital, transición ecológica cohesión social y territorial, e igualdad.

La estrategia debe estar clara

Desde Deloitte creemos que es fundamental adaptar los procesos de contratación pública con el firme objetivo de mejorar y actualizar el marco legal que componen los mecanismos de colaboración público-privada en España. La agilidad a la hora de tramitar las ayudas, así como la estabilidad jurídica, son fundamentales para impulsar los procesos de recuperación y desarrollo de forma más ágil.

Además, la definición de los cuatros ejes de transformación por parte de la Unión Europea contribuye a que la Administración Pública y las empresas identifiquen dónde están los puntos fuertes y débiles de España en su salida de la crisis generada por el impacto de la COVID-19.

Detección de oportunidades complementarias

La gran inversión que se ejecutó en España en las décadas anteriores a la crisis financiera de 2008 generó la sensación de que, en materia de infraestructura, el país tenía una ventaja. Aunque esto parcialmente cierto en materia de transporte de grandes cargas o de altísima capacidad, existe ámbitos donde resultan necesarias nuevas inversiones.

Principalmente, en los casos de movilidad de pasajeros, abastecimiento o tratamiento de residuos sólidos, donde la situación de España se encuentra muy por debajo de la de los países punteros de la Unión Europea.

Indudablemente, en estos ámbitos existen vías de creación de valor y de actualización para diferentes sectores de la economía que, sin duda, pueden ser altamente provechosos para mejorar el futuro de nuestro país.