La planificación y la tramitación de las infraestructuras eléctricas para la Transición Energética

El plan de España para la transición energética es uno de los más ambiciosos dentro de la Unión Europea. En él, se contempla la instalación de 70 GW de nuevas plantas renovables antes de 2030, un objetivo al que habrá que añadir la ambición adicional propuesta en los paquetes de medidas como Fit for 55, que pretende incrementar la reducción de emisiones a 2030 del 40% al 55%, y el plan de acción REPowerEU, que tiene por objeto disminuir la dependencia energética de la Unión Europea con Rusia.

Esta apuesta, no obstante, está encontrando una importante dificultad. Según el informe “La planificación y la tramitación de las infraestructuras eléctricas para la Transición Energética”, elaborado por Monitor Deloitte, el acusado retraso que acumula la tramitación de los proyectos de inversión en las infraestructuras eléctricas (renovables, redes y recarga del vehículo eléctrico) es el principal riesgo para cumplir el objetivo de reducción de emisiones en 2030.

A pesar de los esfuerzos de las Administraciones públicas, el potencial incumplimiento de los plazos que establece el Real Decreto Ley 23/2020 puede poner en riesgo hasta 100GW si no se toman medidas en el corto plazo.

Para Alberto Amores y Laureano Álvarez, socios de la práctica de Energía y Recursos Naturales de Monitor Deloitte, “el interés por el desarrollo de proyectos renovables ha aumentado considerablemente, multiplicando por 7 la capacidad de acceso concedida a la red en los últimos 4 años y alcanzando los 145 GW. Este incremento de la demanda, junto con otros factores, ocasiona un importante retraso en la tramitación de los proyectos de infraestructuras energéticas. Las Administraciones públicas son conscientes de este problema y, por ello, han reforzado los recursos técnicos y humanos, además de incluir medidas tanto en el Real Decreto Ley 6/2022 como en otros posteriores para atenuarlo”.

Situación de la tramitación de proyectos de infraestructuras energéticas

Los plazos de tramitación reales en los proyectos de inversión de infraestructuras eléctricas superan ampliamente los plazos máximos definidos en la regulación -18 meses-, llegando a alcanzar de media los 2-3 años de duración y superando los 10 años en los casos más extremos.

En los últimos años, se han multiplicado por 9/10 el número de proyectos renovables en tramitación en dos años (de 250 en 2019 a 2.300 proyectos en 2021). Todo ello ha tenido como consecuencia que se provoquen retrasos y se saturen las Administraciones públicas. En el caso de los proyectos de redes, algunas CC. AA han visto aumentado el volumen de expedientes a tramitar, aproximadamente, en un 75% en los dos últimos años.

No obstante, a pesar del aumento de proyectos, algunas comunidades autónomas han demostrado capacidad para adaptarse más ágilmente a este
incremento, logrando plazos de tramitación hasta 7-10 meses inferiores que aquellas con mayores retrasos.

A pesar de este hecho, entre el 25/30% de los proyectos de redes y el 40/70% de los proyectos renovables no cumplen los plazos definidos por la regulación en la emisión de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), uno de los principales hitos en la tramitación de los proyectos. La principal causa es la demora de los diferentes organismos de la Administración que tienen la obligación de emitir diferentes informes preceptivos, por ejemplo, para obtener la mencionada DIA.

Por parte de los promotores, también existen algunos problemas que impiden la tramitación ágil de los proyectos como, por ejemplo, la calidad de la documentación presentada, la falta de realización del trabajo decampo y el aumento de la oposición social, lo que limita la capacidad y aumenta los plazos de tramitación.

Recomendaciones

Con el objetivo de mejorar los procesos de planificación y tramitación de los proyectos de inversión en las infraestructuras eléctricas, Monitor Deloitte, junto a EDP, Endesa, Iberdrola y Naturgy, ha realizado un análisis en el que se proponen 10 recomendaciones, divididas en 5 grupos:

Capacidades de las Administraciones públicas

1. Dotar y eficientar los recursos de las Administraciones: públicas: incrementar e incentivar los equipos, aumentar la colaboración entre las AA. PP, digitalizar procesos y homogeneizar criterios entre ellas.

2. Desarrollar nuevas herramientas de seguimiento de los trámites (estado del proceso, plazos de resolución, recursos dedicados), incluyendo portales únicos, integrados y estandarizados en las AA. PP para facilitar la comunicación e interacción entre todos los involucrados en el proceso de tramitación.

3. Desarrollar un visor cartográfico único, de carácter oficial, que permita identificar las infraestructuras energéticas, tanto en servicio como en tramitación, para facilitar a operadores de redes y promotores sus respectivas planificaciones y la valoración preliminar de la viabilidad de futuros proyectos.

Planificación de las infraestructuras energéticas

4. Habilitar la tramitación independiente y ordenada de las líneas de evacuación y de planta de generación, cuando sean necesarias infraestructuras de evacuación compartidas entre varios parques. 

5. Flexibilizar la transferencia de capacidad de acceso y conexión concedida a la red de transporte a la red de distribución, según viabilidad técnica, para reducir el tamaño de las líneas de evacuación y el impacto en el territorio.

Volumen de proyectos

6. Definir criterios de priorización de proyectos en función de su viabilidad medioambiental, social y económica y definir mecanismos que penalicen a los proyectos con información incompleta.

7. Reducir e identificar los informes preceptivos y organismos competentes necesarios para la obtención de la DIA y agilizar su emisión (silencios administrativos positivos, inclusión de aprobación de trámites menores en la DIA, etc.).

Oposición social   

8. Fomentar el proceso de comunicación social previa, de carácter opcional, que facilite la aceptación social del proyecto presentado y reducir la litigiosidad con los agentes locales.

Calidad de la documentación

9. Establecer procedimientos de comunicación previa y declaración responsable a licencias y permisos menores, como los relativos a las acometidas de Baja Tensión y redes de distribución de Baja Tensión y Media Tensión, reduciendo los tiempos de aprobación de los mismos. 

10. Crear un registro unificado de promotores acreditados con validez temporal para la validación de capacidades técnicas, legales y económicas de forma ágil y la sustitución del informe de la CNMC en proyectos de la AGE.

La aplicación y puesta en marcha de estas propuestas permitirá acelerar la tramitación administrativa de las infraestructuras eléctricas para la Transición Energética.