Infraestructuras al servicio del Medio Ambiente

La importancia que la Unión Europea otorga a las políticas de protección del medio ambiente y los recursos naturales ha ido aumentando gradualmente en los últimos años. En su Hoja de ruta para una Europa Eficiente, se apuesta por políticas de gestión y prevención de residuos y de tratamiento y eliminación de los mismos. Y no es para menos. La UE genera cada año unos 2.000 millones de toneladas de residuos, con una tasa de crecimiento anual de más del 10% en los últimos 6 años. Estos residuos se depositan en su mayor parte en vertederos, cada vez más abarrotados, que crean problemas al subsuelo donde se ubican y generan gases tóxicos y explosivos. Y además, existe un número de vertederos ilegales, indeterminado, pero cada vez mayor, con los consiguientes riesgos imposibles de cuantificar.

La Unión Europea está aplicando estrategias activas para resolver este problema. Unas pasan por el reciclaje y la reutilización. En 2014, la Unión Europea recicló el 44% de los desechos, aunque la diferencia entre países es significante. Mientras que Austria recicló un 56%, España solo llegó al 30% y Malta al 8%. En 2020 todos sus países miembros deberán reciclar el 50% de sus residuos, que se prevé ampliar hasta el 70% en 2030.

Otras políticas se centran en la limitación del uso de los vertederos. Aunque la Unión Europea limita el uso de vertederos al 35% y prohíbe la eliminación de residuos no tratados, muchos países están lejos de conseguir estos objetivos. Uno de ellos es España, que envía el 55% de los residuos a vertederos, muchos de ellos en situación irregular. Para el 2030, el Parlamento Europeo propone que se limite al 5% el uso de vertederos, aunque con algunas excepciones para algunos países.

La situación en España con respecto al cumplimiento de estos objetivos es cuando menos preocupante. Ya existe una doble sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que condena a España por la existencia y absoluto abandono de 88 vertederos incontrolados. La primera se emitió en febrero de 2016 y señaló 27 vertederos que o bien seguían en activo o bien no fueron sellados tras su cierre. Además, en otra sentencia reciente, se señalan irregularidades en otros 61 vertederos, el 80% de los cuales se reparte entre las Islas Canarias y Castilla y León.

Más allá de seguir insistiendo en el fomento de las políticas de reciclaje, los métodos alternativos de eliminación de residuos pasan por la gestión de los residuos mediante procesos de valorización energética, que permitan eliminar físicamente los residuos y además generar energía eléctrica. Por ejemplo, aunque Dinamarca es de los países que más residuos genera, solamente un 1% termina en vertederos. En los últimos tiempos la evolución de la tecnología que se aplica en estos procesos se ha desarrollado de forma relevante sin poner en riesgo la salud de los residentes cercanos.

Guipúzcoa tiene sus vertederos colapsados desde hace ya tiempo, hasta el punto de tener que trasladarlos a otras regiones con el coste que ello conlleva. Para poner remedio a esta situación, ha optado por la valoración energética mediante la construcción del Complejo Medioambiental de Gipúzcoa que, con el uso de tecnología de primer orden, permitirá eliminar los residuos de todo el territorio, convirtiéndolos, además, en energía eléctrica.

Para su desarrollo, se ha recurrido a la Colaboración Público Privada por las ventajas que esta da en términos de eficiencia operativa sin por ello comprometer deuda pública. El contrato para su puesta en marcha, que incluye su diseño, construcción y mantenimiento durante un plazo de 35 años, se ha firmado hace tres meses. Como la mayor parte de los riesgos operacionales se han transferido al sector privado, el proyecto no computará, según la normativa europea de cuentas SEC 2010, como deuda pública para la Administración. Hace uno días se hizo público que el proyecto, de unos 250 millones de euros, ha cerrado financiación mediante una combinación de bonos y préstamos bancarios, captando el interés de un gran número de bancos e inversores institucionales de todo el mundo.

Necesitamos acometer las medidas necesarias para cumplir con las directrices de la UE. Contamos para ello con las herramientas necesarias. De un lado, la Colaboración Pública Privada que no supone incurrir en más deuda pública y, de otro, el interés de los inversores y financiadores de todo el mundo dispuestos a canalizar la gran liquidez que gestionan hacia este tipo de proyectos. No aprovecharlo nos aboca al pago de sanaciones y, lo que es peor, a un futuro medioambiental cada vez más alejado de las demandas de las sociedades modernas.