¿Y si ha llegado el momento?

La modificación de la Ley General Tributaria se descolgó el año pasado del resto de la reforma fiscal y se envía ahora a las Cortes en un momento poco propicio para una discusión serena de su contenido.

Los condicionantes políticos y sociales del momento han determinado en exceso la orientación del Proyecto de Ley, en el que prima una clara intención de transmitir a la sociedad un mensaje ejemplificador de contundencia en la persecución del fraude fiscal.

Nuestro sistema tributario necesita mejorar los mecanismos de detección y castigo del fraude fiscal. Pero es una mala solución sacrificar aún más la seguridad jurídica en el altar, teórico o real, de la persecución del fraude.

La reforma debería prestar mucha mayor atención a la creación y desarrollo de instrumentos que favorezcan realmente las relaciones de cooperación entre los contribuyentes y las administraciones tributarias, así como a la introducción de vías más ágiles y eficaces para reducir la litigiosidad.

La Agencia Tributaria inició hace unos años un programa destinado a construir relaciones de cooperación leal con los contribuyentes, al que se sumaron un buen número de empresas, despachos y asociaciones profesionales. Sin embargo, pese a la voluntad de algunos responsables de ese organismo, el programa está hoy próximo a una vía muerta, porque no se han creado los instrumentos jurídicos e institucionales necesarios para que las buenas intenciones logren transformar la realidad. En consecuencia, la cultura dominante en las relaciones entre administración y administrados sigue estando presidida por la mutua desconfianza y el conflicto más que por la cooperación.

Urge poner fin a tal situación y la reforma de la Ley General Tributaria sería el mejor momento para sacar a la luz, debatir y poner en marcha las propuestas innovadoras en las que los propios funcionarios de la Agencia Tributaria han venido trabajando en los últimos años.

La elevada litigiosidad perjudica por igual a las administraciones públicas y a los contribuyentes, pero poco parece que se vaya a avanzar con el Proyecto de Ley recién aprobado para dar solución a este problema.

Confiemos en que la tramitación parlamentaria permita reorientar el sentido de la reforma, equilibrando su contenido e introduciendo nuevas fórmulas que concilien mejor la persecución del fraude con el respeto a la seguridad jurídica. Pensamos que se puede hacer si hay voluntad para ello.