El impacto de la Ley de Crédito Inmobiliario

La ley de contratos de crédito inmobiliario está a punto de ver la luz, varios años después de la finalización del plazo de transposición que la Unión Europea concedió a los Estados miembros para transponer la Directiva 2014/17, de la que trae cause, que finalizó el 21 de marzo de 2016.

Esta normativa ha saltado a la luz pública, no solo por su contenido, que es bastante revolucionario en algunos aspectos, sino además por el hecho de que la Comisión Europea había iniciado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea un procedimiento para imponer a España una multa de casi 106.000 euros por cada día de retraso en la transposición. Adicionalmente, también cobró más fama pública como consecuencia de la discusión acerca de quién debía pagar el Impuesto de AJD vinculado a los préstamos hipotecarios.

La ley tiene un doble objetivo: por un lado, incluir en el ordenamiento jurídico español las normas europeas en materia hipotecaria y, por otro, dar mayor transparencia y seguridad tanto a los bancos como a los clientes.

La norma incluye modificaciones muy relevantes en aspectos como la información precontractual que resulta necesario entregar a los clientes, la intervención que debe tener el notario en las firmas de las escrituras, la formación que deben recibir los gestores de las entidades financieras y las remuneraciones que deben percibir por su actividad vinculada a este negocio, la forma en que pueden o no venderse productos vinculados y combinados, los plazos mínimos que deben pasar para poder vencer anticipadamente un préstamo hipotecario impagado y los intereses de demora que pueden cobrarse, entre otras materias. La tramitación parlamentaria de la norma está siendo complicada, por la sensibilidad de los temas analizados y la polarización política existente actualmente en el arco parlamentario.

Quedando aún unas cuantas semanas hasta la aprobación definitiva de la norma, todavía quedan ciertas incógnitas respecto a algunos puntos relevantes, como la retroactividad de la norma, pero ya se va aportando claridad a algunas materias importantes. Lo que sí está claro es que esta norma tiene un gran impacto en los modelos operativos y regulatorios de las entidades y que el esfuerzo de adaptación va a ser importante.