Impresiones del sector asegurador tras un año del Real Decreto Ley 3/2020

Ha transcurrido casi un año desde la aprobación y entrada en vigor del Real Decreto-ley 3/2020 que transpuso la Directiva de Distribución de Seguros y Reaseguros Privados, y desde Deloitte Legal hemos querido conocer la opinión e impresiones del sector asegurador con la visión que, en base a la experiencia propia, tienen los principales afectados por dicha disposición legislativa desde un enfoque 360º. Los encuestados están integrados en entidades aseguradoras y mediadores, que se encuentran representados, a su vez, por posiciones variadas, desde directivos a miembros de departamentos legales y de cumplimiento normativo, operaciones, estrategia y desarrollo de productos y comercial, entre otros.

El resultado de la encuesta marca el sentir general de un sector que, según los últimos datos facilitados por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSYFP) en septiembre de 2020 representó en primas a cierre de 2019 un 5,2% del total del producto interior bruto (PIB) español, generador de empleos directos, indirectos y creador de oportunidades de prestación de servicios a multitud de profesionales independientes. El elenco de participantes representa en un 90% a compañías aseguradoras, y en un 10% a mediadores, que a su vez se encuentran representados en un 0% por corredores de seguros, 20% por agentes de seguros y en un 80% por operadores de banca seguros.

Aun cuando la mayoría de los encuestados pertenecen a entidades aseguradoras, también se ha representado a mediadores para garantizar la representatividad, en relación con el ámbito subjetivo de la distribución de seguros. La muestra de participantes resulta razonable, en términos estadísticos, para aplicar a la generalidad las respuestas proporcionadas.

Por otro lado, el 65% de los participantes opera conjuntamente en los ramos de vida y de no vida, representando las entidades que comercializan únicamente productos de no vida el 27%, frente al 8% restante que opera exclusivamente en el ramo de vida.

Adicionalmente, el 49% de los participantes distribuye productos de inversión basados en seguros (IBIP), representando las entidades que no comercializan IBIP el 51% de los encuestados.

Es llamativa la rotundidad con la que los participantes incluyen entre sus principales preocupaciones las derivadas de la COVID-19 y el efecto general de la situación de pandemia que llevamos arrastrando un año, el aumento de la siniestralidad en determinados productos de seguro como los de protección de la salud o de asistencia en el hogar y, en consecuencia, el aumento del coste de las prestaciones.

A través de las opiniones reflejadas, hemos podido confirmar las principales preocupaciones del sector y aquellas cuestiones que les suscitan mayor complejidad en materia de distribución de productos de seguro. En este sentido, los participantes han afirmado que los mayores retos derivados de la implantación de la normativa de distribución de seguros durante este último ejercicio han sido los requerimientos operativos al momento de la contratación de los productos, seguidos de la entrega de documentación a los clientes y los sistemas de custodia y firma.