El presente y futuro de una regulación del sector eléctrico en transición

La densa regulación del sector eléctrico español se ha caracterizado tradicionalmente por su gran relevancia económica y social, así como por su carácter eminentemente cambiante. Su gran relevancia se debe a que se trata del conjunto normativo que regula un sector sumamente estratégico y de interés general como es el de la electricidad, que afecta sensiblemente a multitud de actores y operadores económicos tan dispares como lo son, entre otros, los productores, desarrolladores, fabricantes, compañías distribuidoras y transportistas, comercializadoras, entidades financieras, organismos reguladores y, por supuesto, en última instancia, los propios consumidores. Y es tan cambiante que se podría afirmar que los profesionales de esta materia no nos podemos permitir dejar pasar un solo día sin desayunar con los diversos boletines normativos -tanto europeos como nacionales y autonómicos-, a riesgo de quedarnos obsoletos o, aún peor, fuera de juego e incapaces de detectar el riesgo regulatorio que pueda afectar a los distintos operadores.

En la actualidad ello ha cobrado aún más importancia, dado que nos encontramos en un momento de transición energética de suma importancia para el sector y en el que la formación de un gobierno estable, y las políticas energéticas que por él se determinen, serán determinantes para el devenir del sector y, en última instancia, de la economía española. Palabras mayores.

Por ello, la intención de este artículo es poner sobre la mesa las principales novedades normativas del último año y los retos a los que se enfrenta el sector eléctrico español en la actualidad y en el futuro más próximo.

En octubre del año pasado entró en vigor el Real Decreto-Ley 15/2018, que vino a enmendar algunos aspectos de las principales regulaciones del sector eléctrico y, que han derivado, entre otras cuestiones fundamentales, en la concesión de una prórroga de los derechos de acceso y conexión obtenidos antes de la entrada en vigor de la Ley del Sector Eléctrico hasta el 31 de marzo de 2020, en una modificación del concepto de consumidor, incluyendo en tal concepto ahora aquellos que adquieran energía para la prestación de servicios de recarga energética, así como una nueva regulación para la prestación de este servicio. Por otro lado, el referido Real Decreto-Ley ha tratado de reducir la especulación creada en torno a los puntos de acceso y conexión, elevando la cuantía del aval a depositar de 10 a 40 €/kW, y poniendo las principales bases para regir la figura del renovado autoconsumo sin cargas.

Es precisamente esa creciente penetración del autoconsumo en España y la caída del coste de inversión en instalaciones fotovoltaicas, lo que ha supuesto un creciente e imparable empoderamiento de los consumidores -el comúnmente llamado "prosumidor"-, que tiene ahora la facultad de producir la propia energía que va a consumir y verter los excedentes a la red, obteniendo beneficios económicos, todo ello gracias a la entrada en vigor del RD 244/2019. Este hecho, unido a la revolución digital que impera –y que favorece que los consumidores sean capaces de controlar y modular sus consumos mediante contadores inteligentes-, supone la democratización del sector y que el consumidor sea uno de los principales beneficiados del proceso de transición energética, participando como un agente económico más.

Por último, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ("CNMC") ha adquirido especial protagonismo en este proceso de transición energética como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 1/2019. Esta normativa le ha atribuido una serie de renovadas competencias con el objeto de adecuarlas al acervo comunitario existente, lo que ha generado un nuevo ecosistema de generación normativa en el sector energético. Así, áreas tan relevantes como el régimen económico aplicable a cada una de las actividades del sector eléctrico y gasista (peajes y parámetros retributivos), el procedimiento de acceso y conexión (evaluación de capacidad o procedimiento de solicitudes) o los regímenes de inspección y sanciones serán ahora ampliamente desarrolladas por la CNMC.

Sin duda, el plato fuerte del momento son las 13 circulares normativas que el regulador ultima y que se encuentran en proceso de consulta pública. Destaca especialmente el drástico recorte que la CNMC prepara para la retribución de las actividades de distribución y transporte tanto en el sector de la electricidad como en el del gas (aunque de manera más significativa en este último), y que podría tener una gran incidencia en el futuro desarrollo de nuevas infraestructuras de redes. Como era de esperar, los principales afectados por tales recortes retributivos amenazan con frenar sus inversiones en redes y anticipan nuevos litigios, tanto ante los Tribunales españoles como en sede de arbitrajes internacionales, que podrían contribuir a deteriorar aún más la ya de por sí dañada imagen del sector energético español. La CNMC, por su parte, se defiende alegando que los recortes previstos favorecen al interés general y que los nuevos parámetros no hacen sino ajustar los nuevos periodos regulatorios que están por llegar al momento económico actual del sector.

El Gobierno de España y parte de los consejeros de la CNMC deben aprobar importantes propuestas normativas que están en el tintero –tales como el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la definición de la estrategia hacia una transición justa (lucha contra la pobreza energética), el Reglamento de Acceso y Conexión, el anteproyecto de Ley para fijar la rentabilidad razonable de las instalaciones renovables en el nuevo periodo regulatorio o la regulación de un nuevo sistema de subastas para la implantación de instalaciones de generación de energía eléctrica a través de fuentes renovables, entre otras- y contribuir con ello a la consecución de los ambiciosos objetivos previstos en el PNIEC 2021-2030.

Pero esto no termina aquí. El sector eléctrico ha de afrontar un buen número de retos en el futuro próximo, entre los que se encuentran el aumento de las interconexiones con Europa que posibilite un verdadero mercado común y dé salida a la gran capacidad instalada de nuestro país, la transposición de la Directiva 2019/944, el despliegue de líneas directas sin trabas administrativas, el almacenamiento de electricidad o la electromovilidad y el despliegue de puntos de recarga, materias que precisarán del buen hacer del legislador y de la interlocución continua entre Gobierno y CNMC, y que deberán posibilitar una progresiva electrificación y descarbonización de la economía española y la continuación de la lucha incansable frente a la realidad del cambio climático.