Propuestas de medidas tributarias para paliar las consecuencias económicas del COVID-19

Conscientes de los problemas que están experimentando nuestros clientes en el desarrollo de sus actividades empresariales, como consecuencia de la pandemia ocasionada por el COVID-19 (“coronavirus”), desde Deloitte creemos necesario favorecer la reflexión sobre las actuaciones que podrían contribuir a paliar los daños para la economía derivados de la rápida expansión del “coronavirus” y los efectos colaterales de las medidas que se han ido poniendo en marcha para su contención.

Para ello, tras escuchar a representantes de distintos sectores económicos, presentamos ahora algunas propuestas, complementarias de las contenidas en el Real Decreto-Ley 7/2020, de 12 de marzo. Se trata de propuestas alineadas con las que ya se han realizado, e incluso implantado, en otros países de nuestro entorno, como Alemania, Francia, Italia o Reino Unido, con el fin de paliar los problemas que la pandemia ha generado en las empresas, en especial desde la perspectiva de la liquidez.

Las propuestas que planteamos afectan a las Haciendas estatal y local, aunque su eventual implantación requeriría, sobre todo, actuaciones del legislador estatal que, al menos en principio, podrían llevarse a cabo mediante Decreto-ley, dada la situación de extraordinaria y urgente necesidad que la pandemia ha generado. Sin embargo, en ocasiones no creemos necesario realizar modificaciones legales, pues bastaría con otro tipo de medidas de rango reglamentario, o incluso con el establecimiento de criterios administrativos vinculantes que dotaran de suficiente seguridad jurídica a los agentes económicos afectados.

Asimismo, la introducción de propuestas fiscales de carácter programático por parte del Gobierno – como la imposición mínima en el Impuesto sobre Sociedades, el nuevo Impuesto sobre Transacciones Financieras, o el Impuesto sobre determinados Servicios Digitales– podrían agudizar los perniciosos efectos económicos de la pandemia, por lo que parece razonable posponer su entrada en vigor hasta el ejercicio 2021.

Por último, conviene señalar que se trata de propuestas elaboradas en contacto con los agentes económicos, que expondremos yendo desde lo general a lo particular o sectorial. En cualquier caso, no se trata tanto de hacer análisis de los problemas particulares de un sector específico.

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