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Las bases de la gobernanza de los fondos europeos

La gestión del Next Generation EU por parte de las administraciones públicas

Josep Palet, socio responsable de Sector Público de Deloitte, analiza en este artículo los retos que deben afrontar las administraciones públicas para gestionar eficientemente los fondos del programa Next Generation EU.

Nadie niega ya que Europa y por ende, España, tienen por delante un futuro de grandes desafíos en su modo de vida, su estabilidad económica, su sistema sanitario y sus valores, que se han visto alterados como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. Sin duda alguna, las medidas de carácter paliativo adoptadas por los gobiernos desde el inicio de la pandemia han permitido mitigar, en parte, el golpe sobre el consumo, el empleo y el crecimiento.

Con todo, en nuestro país se ha hecho notable la necesidad urgente de acometer reformas e inversiones estructurales, capaces de devolvernos a la senda de crecimiento, mejorando así la convergencia real, tanto económica como social, con los países del resto de la Unión Europa.

Los fondos de recuperación europeos del programa Next Generation EU constituyen una oportunidad única, pero en absoluto exenta de retos para las distintas administraciones públicas, responsables de establecer las bases que aseguren que esta inyección extraordinaria de fondos nos hace transitar hacia un futuro más brillante y prometedor.

Modelo de gobernanza en España

España goza de un modelo de gobernanza territorial descentralizado. Por ello, la coordinación de los múltiples actores es vital para la planificación y ejecución de este nuevo fondo. Se habla con frecuencia del reparto entre comunidades autónomas, incluso de lo que pudiera llegar a corresponder a algunas de ellas en función de los criterios de reparto que sí se establecen en los fondos de la Política de Cohesión Europea. En este ámbito, conviene realizar un verdadero proceso de planificación y priorización de inversiones, evitando que la distribución de los fondos se convierta en un reparto burocrático, en vez de una acción de estrategia.

Con este objetivo, conviene que se fomente la participación de los gobiernos autonómicos y los entes locales, especialmente durante la fase de planificación de las reformas e inversiones, con una necesaria concreción de los roles y capacidades de todos los actores en los espacios de participación correspondientes formalizados en el Real Decreto-ley 36/2020 aprobado por el Gobierno. Adicionalmente, es necesario dotarse de los espacios pertinentes de diálogo a todos los niveles -siguiendo el ejemplo francés- con la participación de organismos independientes y de expertos.

Del mismo modo, es indispensable que la ejecución de los fondos se lleve a cabo de conformidad con el principio de buena gestión financiera, incluida la prevención y el enjuiciamiento efectivos del fraude, el fraude fiscal, la evasión fiscal, la corrupción y los conflictos de intereses, de acuerdo con las recomendaciones emitidas por la Comisión Europea en la Guidance to Member States Recovery and Resilience Plans, publicada en septiembre de 2020. Este aspecto requerirá acometer las reformas necesarias para garantizar un marco de lucha contra el fraude fiscal ágil y eficaz.

Transformación de la economía y de las administraciones públicas

Paralelamente, resulta clave entender que, de cara a garantizar una gestión y ejecución ejemplar de los fondos europeos, es ineludible apostar por la transformación digital de la administración pública. La utilización de las nuevas tecnologías debe convertirse en palanca inherente a la gestión de los proyectos europeos. Asimismo, será crucial constituir equipos especializados en materia de contratación pública, así como en la planificación, gestión y reporte de fondos europeos que doten de mayor garantía al proceso de distribución de fondos.

Todo lo anterior ha de servir como base para que España logre una movilización eficaz y eficiente de los recursos. La cantidad de fondos disponibles para el período 2021-2027 supone alrededor de un 71% adicional con respecto al montante disponible entre 2014 y 2020. Ello hace imprescindible la puesta en marcha de medidas -e incluso de estructuras de coordinación y gestión – que garanticen la capacidad de absorción de forma responsable y oportuna de los fondos.

Los gobiernos deben plantear destinar parte de los fondos a asegurar la inversión pública necesaria -las infraestructuras tradicionales y la digitalización de la administración pública, entre otros-, pero es también relevante dotar de las herramientas requeridas y del soporte a la gobernanza, de forma que se puedan acometer las inversiones que tengan por objeto la modernización de nuestra economía y la mejora de la competitividad del tejido productivo.

El acuerdo alcanzado por la Unión Europea es histórico y no supone, únicamente, la puesta a disposición de una ingente cantidad de fondos europeos sino, sobre todo, la ocasión de transformar sustancialmente nuestra economía y nuestras administraciones públicas. Los fondos europeos constituyen una ventana de oportunidad única, difícilmente repetible, que España debe aprovechar con la máxima diligencia. Si lo hacemos, no solo superaremos la situación actual, sino que emergeremos más resilientes. Y para ello, nadie debe dudar ya de que es necesario que las decisiones que se tomen en los próximos meses definan el escenario a largo plazo, trabajando de manera ágil y coordinada para no dejar a nadie atrás.

Artículo publicado por primera vez en El món de demà, publicación quincenal distribuida con La Vanguardia.