Opinión

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Mayor responsabilidad fiscal de las Haciendas

Artículo elaborado por Ricardo Gómez-Acebo, socio de Deloitte Abogados

Expansión, 24 de diciembre de 2014

La reforma de la Ley de Sociedades de Capital aprobada este mes por las Cortes contiene nuevas obligaciones fiscales para las sociedades cotizadas, con la vista puesta en la mejora del gobierno corporativo. Con la entrada en vigor de esta reforma, que se producirá en los próximos días, el consejo de administración de cada cotizada en España deberá, sin que quepa delegación en otro órgano, aprobar la estrategia fiscal de la sociedad y definir la política de control y gestión de los riesgos fiscales.

El consejo deberá también aprobar las inversiones y operaciones de especial riesgo fiscal, así como la creación o adquisición de entidades de propósito especial o domiciliadas en paraísos fiscales. La comisión de auditoría, por su parte, habrá de supervisar el sistema de control fiscal interno e informar al consejo sobre las operaciones con partes vinculadas y creación o adquisición de entidades de paraísos fiscales. Finalmente, el informe anual de gobierno corporativo deberá explicar los sistemas de control fiscal de la sociedad.

Los administradores, y en particular los que formen parte de la comisión de auditoría, habrán de perfeccionar la información de la que disponen y elevar su dominio de las leyes tributarias, a fin de poder tomar estas decisiones con conocimiento de causa.

Transparencia

Este conjunto de reformas han de ser bienvenidas en cuanto que puedan contribuir a una mayor transparencia de las decisiones y de la gestión fiscal de las empresas cotizadas en España, dentro de una tendencia internacional a mejorar el gobierno fiscal de las compañías y delimitar de forma más precisa las responsabilidades en caso de incumplimientos.

Las nuevas obligaciones para las empresas no se están viendo acompañadas, sin embargo, de avances paralelos en la exigencia de una mayor responsabilidad a las administraciones tributarias del Estado, las Comunidades Autónomas y las Haciendas Locales.

La buena labor de la mayor parte de los funcionarios de estas administraciones se ve con frecuencia empañada por actuaciones de escaso rigor técnico o incluso manifiestamente contrarias al ordenamiento jurídico que logran salvar todas las vallas del procedimiento tributario sin que nadie las enmiende; y sin que, en los casos en que son corregidas o anuladas –por la propia administración o por los tribunales de Justicia–, se deduzca de ello consecuencia alguna para el funcionario o equipo que las emitió.

Las sociedades cotizadas han de velar por el cumplimiento responsable de las leyes, invirtiendo más recursos, si es necesario, en sus sistemas de gestión fiscal. Cabe pedir a las administraciones tributarias que se comprometan también en la mejora de sus mecanismos de control interno, para evitar actuaciones que dañan sin causa la reputación de las empresas.

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