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Una laguna jurídica en la Ley de impuesto sobre la renta de Honduras

Las leyes tributarias y aduaneras se deben interpretar siempre en forma estricta, de manera que para establecer el alcance y sentido de dichas leyes no se debe utilizar métodos de interpretación extensivos o analógicos. Así lo establece el artículo 12 del nuevo Código Tributario de Honduras en su artículo 12.

El Congreso de la República aprobó el decreto 278-2013 publicado el 30 de diciembre del 2013, el cual contiene la Ley de ordenamiento de las finanzas públicas, control de exoneraciones y medidas antievasión. También se agregó a la Ley del impuesto sobre la renta el artículo 22 A, el cual gravaba los ingresos brutos iguales o superiores a diez millones de lempiras obtenidos por personas naturales o jurídicas domiciliadas en Honduras.  Dicho tributo se conoce como “impuesto mínimo” o “1,5%”, el cual sería implementado realizando un comparativo entre el cálculo del impuesto sobre la renta, según lo dispuesto en las tarifas del artículo 22 del mismo ordenamiento y el cálculo de las disposiciones del artículo 22 A, debiéndose pagar el monto superior.

Desde la vigencia del impuesto mínimo los obligados tributarios han manifestado el impacto negativo en el desarrollo de sus empresas al considerar que su aplicación no se fundamenta en el principio de la Ley del impuesto sobre la renta de gravar las utilidades de los obligados tributarios, las cuales se obtienen después de deducir de sus ingresos brutos todos los gastos necesarios para producir renta o utilidades. El impuesto mínimo, por el contrario, grava las ventas de los obligados tributarios (ingresos brutos), desvirtuando el espíritu del impuesto sobre la renta. 

El Congreso, mediante el decreto 31-2018 del 20 de abril del 2018, procedió a reformar el artículo 22 A. Dicha reforma establece que dicho artículo debe leerse a partir de la vigencia de dicho decreto con una connotación diferente al contenido del artículo 22 A del decreto 278-2013. Es decir, el decreto 31-2018 reemplazó el contenido completo del artículo 22 A del decreto 278-2013, por tanto, el texto anterior del citado artículo se tiene por no escrito y no cabe hacer ningún tipo de relación jurídica aplicable a la fecha.

La nueva redacción del artículo 22 A establece en su primer párrafo que aquellas personas naturales o jurídica domiciliadas en Honduras que hubieren obtenido ingresos iguales o inferiores a trescientos millones de lempiras no estarán sujetos a las disposiciones del artículo 22 A, es decir no deberán pagar el 1,5% sobre los ingresos brutos. Por el contrario, deberán pagar el impuesto sobre la renta de conformidad a lo establecido en el artículo 22 de dicho ordenamiento jurídico.  Sin embargo, en el artículo antes mencionado no se establece cuál será la forma de pagar o el tratamiento que se deberá dar al tributo para aquellos obligados tributarios que hubiesen obtenido en el periodo 2018 ingresos brutos superiores a trescientos millones de Lempiras.   

Esta falta de normativa debe ser corregida únicamente por el Congreso. Además dicha aclaración debería estar vigente antes del 30 de abril, fecha en que la mayoría de los obligados tributarios deben presentar y pagar su declaración jurada de impuesto sobre la renta.

¿Qué procede hacer en este tipo de situación, la cual no es imputable a los obligados tributarios?

Por: Rita Silva
Socia Directora
Líder de Impuestos & Legal
Deloitte Honduras

Publicado en
Diario El Heraldo
26 de enero de 2019

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