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Una aclaración necesaria sobre la reforma a la Ley de Impuesto sobre la Renta

10 de enero de 2019

El Gobierno de la República, mediante Decreto 31-2018, procedió a reformar el artículo 22-A de la Ley de Impuesto sobre la Renta, considerando que es necesario adecuar las medidas tributarias para asegurar el crecimiento y sostenibilidad del desarrollo de Honduras.

Dicho Decreto entró en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, es decir, el 20 de abril del 2018.

A continuación, se presenta una aclaración sobre lo establecido en el numeral 1) del artículo 1 del Decreto 31-2018:

El numeral 1) del artículo 1 del Decreto 31-2018 literalmente establece lo siguiente:

"Reformar el Artículo 22-A de la Ley de Impuesto sobre la Renta, contenido en el Decreto 278-2013 de fecha 21 de diciembre de 2013 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 30 de diciembre de 2013, contentivo de la Ley de ordenamiento de las finanzas públicas, control de exoneraciones y medidas antievasión, sus reformas e interpretaciones, el cual deberá leerse de la manera siguiente:

1) Las personas naturales o jurídicas que hayan obtenido ingresos brutos iguales o inferiores a trescientos millones de lempiras (L. 300,000,000.00) en el periodo fiscal 2017 no están sujetos a la aplicación del Artículo 22-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por lo que el cálculo del Impuesto sobre la Renta y sus pagos a cuentas correspondientes al periodo 2018 y subsiguientes, se deben realizar conforme a lo establecido en el Artículo 22 de la Ley de Impuesto sobre la Renta..."


La reforma citada, respecto el artículo 22-A, dice "...el cual deberá leerse de la manera siguiente", significa que el contenido del articulo 9 de la Ley de ordenamiento de las finanzas públicas, control de exoneraciones y medidas antievasión, que contenía las disposiciones aplicables al impuesto sobre los ingresos para efecto de Impuesto sobre la renta, fue sustituida en su totalidad por el contenido del Decreto 31-2018, a partir del 20 de abril del 2018.

Por lo tanto, para efectos legales las disposiciones contenidas en el Decreto 278-2013 en lo relacionado al artículo 9 que adicionó a la Ley de impuesto sobre la renta, artículo 22–A, se consideran inexistentes e inaplicables, tomando las disposiciones del artículo 12 del Código Tributario (170-2016).

Esto es así, considerando lo establecido en el artículo 12 del Código Tributario (Decreto 170-2016) y respecto al hecho de que las leyes tributarias y aduaneras se deben interpretar en forma estricta, por lo que para determinar su sentido y alcance no deben utilizarse métodos de interpretación extensivos y analógicos.

De acuerdo al texto del Artículo 1 del Decreto 31-2018 la entrada en vigencia de este Decreto sustituye las disposiciones establecidas en el Decreto 278-2013 en relación a lo establecido en el artículo 22-A de la Ley de Impuesto sobre la Renta.

El numeral 1) del artículo 1 del Decreto 31-2018 hace referencia a los contribuyentes con ingresos brutos iguales o inferiores a L.300,000,000 quienes no estarán sujetos a partir del 2018 a la normativa del impuesto mínimo para efecto de impuesto sobre la renta.

La normativa contenida en el Decreto 31-2018 no hace referencia a los obligados tributarios que tienen ingresos superiores a L.300,000,000, lo que crea una laguna legal en la metodología aplicable al periodo 2018 para el cálculo del impuesto sobre la renta.

Es importante manifestar que el Decreto 278-2013 publicado el 30 de Diciembre del 2013, que contiene la Ley de ordenamiento de las finanzas públicas, control de exoneraciones y medidas antievasión, adicionó en el artículo 9 el Artículo 22-A, el cual establecía lo siguiente:

"las personas naturales o jurídicas domiciliadas en Honduras pagaran el uno punto cinco por ciento (1.5%) sobre los ingresos iguales o superiores a diez millones de lempiras (L10,000,000) del periodo impositivo cuando la aplicación de las tarifas señaladas en el literales a) y b) del artículo 22 de la presente ley resultaren menores al uno punto cinco por ciento (1.5%) de los ingresos brutos declarados..."

Este primer párrafo del Artículo 22-A establecía el universo de obligados tributarios con ingresos brutos iguales o superiores a 10 millones de lempiras. Adicionalmente el mismo párrafo indicaba el proceso de comparación entre el ISR según artículo 22 y el ISR según artículo 22-A.

Sin embargo, en las disposiciones contenidas en el Decreto 31-2018, ninguna de estas condiciones fueron expresadas para el cálculo del impuesto sobre la renta del periodo 2018, para los obligados tributarios con ingresos superiores a L.300,000,000.00.

El Congreso Nacional de la República debe proceder a emitir una interpretación del Decreto 31-2018, en lo relativo a la tarifa que pagaran los obligados tributarios con ingresos superiores a 300 millones de lempiras en el periodo fiscal 2018.

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