Acuerdo de Infraestructura

Ciudad de México, 20 de diciembre de 2019.

Después de una larga espera, transcurrida desde el comienzo de la actual administración federal, el gobierno y dirigentes empresariales presentaron, el pasado 26 de noviembre, el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura, con el cual se pretende dar impulso al crecimiento económico del país.

Este acuerdo, que representa una primera fase del Plan Nacional de Infraestructura –todavía en espera de ser anunciado en su totalidad–, plantea una inversión privada de 859 mil 022 millones de pesos, en 147 proyectos dentro del territorio nacional, entre 2020 y 2024. 

Históricamente, México ha invertido entre 2% y 3% de su Producto Interno Bruto (PIB) en infraestructura, cuando la recomendación de muchos organismos internacionales es que ésta sea de 6%. El reciente Acuerdo esperaría una inversión de 5% del PIB, lo cual marcaría un hito histórico de inversión en infraestructura.

En Deloitte, consideramos que este anuncio es positivo, debido a que podría regresar el dinamismo al sector privado; sin embargo, aún queda mucho trabajo por hacer para poder llevar esta lista de proyectos a obras concretas. El Acuerdo no especifica, por ejemplo, los estudios que existen para realizar cada uno de los proyectos, ni define el esquema de desarrollo más conveniente para ellos, como pueden ser la concesión, la Asociación Público Privada y la Coinversión, modelos que involucran al sector privado.

Durante meses, el sector privado ha mostrado su preocupación sobre la falta de claridad gubernamental respecto a los proyectos a impulsar. Este acuerdo representa el inicio de una respuesta a este tema, en la cual se abre la puerta a la iniciativa privada.

¿De qué forma? A través de las Propuestas No Solicitadas (PNS), una modalidad en la cual el privado propone proyectos al gobierno y realiza, por su cuenta, los estudios para llevarlo a cabo. Posteriormente, si el gobierno licita el proyecto, la empresa que realizó los análisis para la realización tendrá una ventaja y, en su caso, se le reembolsará el costo de los estudios.

Por otro lado, y más allá de los estudios y esquemas de desarrollo que aún no han sido definidos, otro aspecto que queda poco claro es la lógica bajo la cual fueron definidos los proyectos. 

Las economías que han mejorado sus índices de competitividad y cuentan con una planificación estratégica robusta comienzan por definir su visión de país y, posteriormente, establecer una cartera de proyectos alineada a ella; si lo que se busca es impulsar el turismo, la cartera final de proyectos será relativamente distinta a si el propósito es detonar la atracción de inversiones en manufactura, por ejemplo.

No obstante lo anterior, la publicación de este Acuerdo traerá otro efecto positivo: la rendición de cuentas, para la cual, el sector privado y la sociedad tendrá ya un parámetro.

Finalmente, no se debe pasar por alto el hecho de que, por más que el sector privado tenga un papel de gran relevancia en el desarrollo de los proyectos, el gobierno tiene que participar de manera activa, pues existen acciones que la iniciativa privada no puede ejecutar por su cuenta (como liberar derechos de vía).

No se debe caer en el error de pensar que, por transferir la responsabilidad de financiamiento y desarrollo al sector privado, el gobierno deja de ser autoridad para marcar el rumbo del sector de la infraestructura.

Sectores pendientes

Cuando se analiza el detalle de la lista de proyectos anunciados por la autoridad, llama la atención el bajo monto invertido en el sector hídrico, con recursos que, al dividirse entre el número de estados, muestran que es uno de los más rezagados en este Acuerdo.

Desde hace años existe un debate sobre la participación del sector privado en este sector, debido a que algunos argumentan que esto representa una privatización, una idea, en realidad, errónea. El permitir mayor participación del sector privado traería claros beneficios tanto en cantidad como en calidad, una situación claramente comprobable en los pocos casos de concesiones integrales que existen en México.

En lo que se refiere al sector salud, el acuerdo es relativamente ajeno, sobre todo considerando el déficit de atención que existe. Es interesante observar que, en la administración anterior, se impulsó el desarrollo de diversos hospitales bajo la modalidad de PNS, lo cual permitió tanto al IMSS como al ISSSTE comenzar la construcción de diversas clínicas. En ese sentido, valdría la pena conocer si en este sexenio se retomará este esquema, o en su caso, cuál es la estrategia.

Energía es otro sector que queda pendiente; si bien se esperan grandes proyectos de generación por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la reanudación de las líneas de transmisión canceladas, aún falta mucha información para que el sector privado pueda planificar sus inversiones.

En conclusión, el anuncio de este Acuerdo es una gran señal, y transmite al mercado tanto el interés del gobierno por impulsar el sector, como la voluntad de colaborar con los privados; sin embargo, aún quedan muchos estudios por realizar para concretar las inversiones.

La infraestructura es la base que sostiene el desarrollo económico de un país, y no es de extrañar, que, si el actual gobierno quiere salir del estancamiento económico, haga de la infraestructura una de sus prioridades.