Adiós al Panaut, ¿y también a otros padrones de datos?

Ciudad de México a 13 de mayo de 2022.

El pasado 25 de abril, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el decreto emitido un año antes (16 de abril de 2021) para modificar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el que se buscaba crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut).

El objetivo de ese padrón era recopilar los datos personales y biométricos de clientes de telefonía móvil, como una medida para combatir la extorsión y el secuestro. Sin embargo, la reciente resolución de la Corte anuló esa posibilidad, al considerar que este registro representaba una “injerencia arbitraria a la privacidad de las personas”. ¿Qué significa esta decisión del máximo órgano de justicia de nuestro país?

Se trata de un precedente en materia de resguardo de datos personales y de la privacidad de las personas. Si bien en 2011 se derogó un padrón similar (el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil), esta fue una decisión legislativa. A diferencia de ello, la inconstitucionalidad decretada recientemente por la Corte representa un antecedente jurídico ante futuras y eventuales iniciativas de este tipo, que puedan vulnerar la privacidad de las personas, un derecho humano muy importante.

El riesgo de resguardar los datos

La creación del Panaut representaba diversos riesgos. El principal era, quizás, la concentración de los datos de más de 88 millones de usuarios de teléfonos celulares¹ (no solo datos personales, como nombres o domicilios, sino también datos sensibles, como los biométricos). Tener toda esta información junta representaba, en otras palabras, un alto riesgo, sobre todo ante posibles vulneraciones o malos usos.  

De igual forma, pedir datos biométricos para otorgar una línea telefónica (recordemos que, si el usuario decidía no proporcionarlos, se le negaba el acceso a una línea) representaba algo contrapuesto al principio de proporcionalidad de la información, el cual señala que “los responsables del tratamiento de los datos personales solo deben solicitar aquellos datos que resulten necesarios, adecuados y relevantes para cumplir con las finalidades para las cuales se obtuvieron”².

Por otro lado, desde que se anunció la creación del Panaut, diversos organismos, entre ellos la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), advirtieron, incluso, que esta iniciativa podía incentivar el robo de dispositivos móviles, pues resultaba altamente probable que los delincuentes buscaran hacer llamadas desde teléfonos registrados a nombre de otras personas, para no ser inculpados de delito alguno. O bien, podía suceder lo contrario: que muchos usuarios ya no quisieran contratar más líneas telefónicas, para no dar sus datos.

En el caso específico de la extorsión, el delito que se buscaba combatir con la creación de este padrón, es importante destacar que un gran número de llamadas relacionadas con este ilícito proviene de las cárceles del país³. Por lo tanto, un camino más efectivo a seguir para combatirlo podría ser controlando las señales telefónicas dentro de los penales, o bien, como ya se hace desde tiempo atrás, solicitar, mediante la orden de un juez, la colaboración de empresas de telefonía en casos específicos para obtener la información que permita identificar a un posible delincuente.

_{[1] Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2020.}

_{[2] Guía para Titulares de los Datos Personales, Volumen 2, “Principios rectores de la Protección de Datos Personales”, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.}

_{[3] El Estudio estadístico del número de terminales móviles y de llamadas de móviles y de casetas telefónicas públicas que operan dentro de una muestra de penales en el país, presentado por el Comité Especializado de Estudios e Investigaciones en Telecomunicaciones de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), señala que, en 2018, se realizaron más de 5 millones de llamadas de extorsión, desde 7 penales (5 estatales y 2 federales) del país.}

Los ‘costos’ del Panaut

Además de los riesgos inherentes a su creación y operación, el Panaut representaba diversos desafíos tanto para las autoridades como para las empresas operadoras de telefonía móvil.

Uno de ellos era la elevada inversión en tecnología por parte de las compañías telefónicas¹, tanto para recabar los datos de sus clientes como almacenarlos y resguardarlos (aplicaciones, dispositivos de captura, de almacenamiento y de transferencia de información), así como una considerable inversión para la capacitación de su talento en estas nuevas funciones.

Asimismo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que iba a ser el órgano encargado de gestionar las bases de datos telefónicas y de elaborar el reglamento respectivo, requería de un presupuesto extraordinario por 109 millones 864 mil pesos para el primer año del Panaut, mientras que para los años subsecuentes se calculaba un total de 88 millones 584 mil 701 pesos, de acuerdo con la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel)².

La decisión de inconstitucionalidad del Panaut, más allá del impacto positivo que hacia futuro tendrá en materia de privacidad, deja de manifiesto que existe una mayor conciencia, entre la población, acerca de los datos personales. Hoy, sabemos que esta información tiene un valor y que es un importante activo que, en manos equivocadas, puede representar un riesgo significativo.

_{[1] Hasta 400 millones de pesos ascendía el costo del software y del hardware para el registro de datos biométricos que requerían las empresas, de acuerdo con Gabriel Székely, director de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), en: Reforma, “Dan certidumbre a la inversión con revés al Panaut”, 25 de abril de 2022.}

_{[2] Ibídem.}