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Prácticas de cobranza

El cambio debería estar en las deudas, más que en las reglas

Usar la violencia o la intimidación, ya sea de manera personal o a través de cualquier medio, para requerir el pago de una deuda es ya, de manera oficial, un delito que puede ser castigado incluso con cárcel.

Los actos de cobranza extrajudicial ilegal, de acuerdo con los más recientes cambios establecidos en el artículo 284 Bis del Código Penal, pueden ser sancionados con penas que van de uno a cuatro años de prisión o multas de 50 mil hasta 300 mil pesos.

Las nuevas normas buscan regular las actividades de los despachos de cobranza, con el propósito de evitar las malas prácticas, como las amenazas, las llamadas a deshoras, la falsificación de documentos o la usurpación de funciones o de profesión.

Tan solo en 2016, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recibió 28 mil 220 quejas por malas prácticas de despachos de cobranza, un número que, pese a ser significativo, representa una reducción de 8% en comparación con lo registrado el año anterior.

Las principales causas reportadas por los usuarios de los servicios financieros, según la misma institución, son: gestión de cobranza sin ser el usuario, cliente y/o socio deudor; no se dirigió de manera educada y respetuosa; amenaza, ofende e intimida al deudor, familiares, compañeros de trabajo o cualquier otra persona.

Sí, las malas prácticas de cobranza bancaria es un tema en el que las instituciones y las autoridades sin duda deben trabajar, sin embargo, también lo es el incumplimiento de las responsabilidades financieras por parte de los usuarios.

En febrero de este año, según información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el número de tarjetas de crédito bancarias con incumplimiento de pago registró un crecimiento de 22% anual.

Pese al complicado contexto económico que se vivió a finales de 2016, el año cerró con una cartera de crédito que se expandió a doble dígito, a razón de casi 13%, con un índice de morosidad de 2.1%, de acuerdo con la CNBV.

Durante ese año, como reveló el Reporte Nacional de Inclusión Financiera, los créditos otorgados por la banca y las entidades de ahorro y crédito popular se concentraron en tres segmentos: tarjetas de crédito, créditos personales y créditos al consumo.

En ese sentido, es importante que antes de solicitar un crédito o préstamo, los usuarios proyecten cómo impactaría este compromiso financiero en su presupuesto, para así visualizar el tiempo que les llevará saldarlo.

Como señala la Condusef, esto les permitirá mantener sus finanzas sanas y administrar de mejor manera su dinero.

De lo contrario, el usuario debe estar consciente de que el impago de sus compromisos financieros puede traer consecuencias negativas en su historial crediticio, así como en su capacidad para acceder a un nuevo financiamiento.

Más allá de evitar las malas prácticas de cobranza, los esfuerzos tendrían que concentrarse también en lograr que los usuarios cumplan con sus responsabilidades financieras.

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